El agua es la fuente de vida
en el planeta, su buen uso y conservación garantizan una vida digna. La ONU lo
ha reconocido como un derecho humano al determinar que es indispensable para
asegurar un nivel de vida adecuado y que está directamente relacionado a los
derechos a la salud, a la alimentación y a la vivienda.
Los derechos humanos son la
herramienta jurídica más avanzada para proteger los intereses vitales de las
personas; cuentan con la legitimidad del Estado ya que son su cimiento, razón
de ser y finalidad. Por lo tanto, estos derechos son en sí mismos un programa
de gobierno que, de no cumplirse, los ciudadanos podemos reclamar judicialmente.
Son deberes y obligaciones
para todas las autoridades del Estado, que deberán evitar interferir en su
ejercicio y deberán hacer todo lo necesario para garantizarlos (alimentación,
salud, agua, medio ambiente, etc.).
El agua es un bien económico
puesto que, siendo limitado y escaso, lo usamos en actividades productivas como
la agricultura, la ganadería y la industria, Es un bien común: pertenece y debe
responder a los intereses de todos los integrantes de una comunidad.
La prestación del servicio
público de agua potable, alcantarillado y saneamiento es de competencia
exclusiva del municipio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La voracidad y el espíritu
depredador de los gobiernos panistas pretenden adueñarse del servicio de agua
pasando por encima de la población y sobre todo por encima de la autonomía
municipal.
La
administración estatal anterior inició en 2013 la privatización del servicio de
agua potable en Puebla, otorgando a la empresa “Concesiones Integrales”
contrato por 30 años para prestar el servicio en 25 municipios del estado.
Es
momento de tomar las medidas correspondientes para evitar que la maquinación
político-económica mediante la que se entregó el servicio de agua a
“Concesiones Integrales” se repita en el resto de nuestro estado. Los poblanos
no podemos permitir que se vulneren nuestros derechos y los ayuntamientos deben
hacer valer su autonomía municipal que es la base de nuestro sistema federal.
Desde
mi trinchera hago un llamado a los 217 ayuntamientos para defender esta causa,
a través de los recursos que la ley contempla. De igual manera he exhortado al
gobierno del estado para que transparente las bases y modalidades,
por las cuales llevó a cabo el proceso de privatización en 25 municipios en
2013 a favor de la empresa Concesiones Integrales.
El
agua es un recurso natural y un derecho humano que nos pertenece a todos y no
es negociable para unos cuantos.
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