Alberto Jiménez Merino
Ex Rector de la
Universidad Autónoma Chapingo
Al término del 2018, ocho
ciudades mexicanas fueron catalogadas como las ciudades más inseguras del país;
en ellas, el 90 por ciento de la población adulta se siente insegura y, más del
90 por ciento de las personas mayores de 18 años señalaron que, vivir allí es
inseguro según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Publica Urbana,
realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
(INEGI).
Vivir en paz, en lugares
seguros en donde haya empleo para tener ingresos dignos, son las mayores aspiraciones
actuales para millones de poblanos y mexicanos. Las cosas materiales van y
vienen, pero la tranquilidad es muy difícil de recuperar después de haber vivido
el flagelo de cualquier forma de delincuencia.
De acuerdo con reportes
oficiales, hay 40 municipios de México, en 12 estados, en donde existe robo de
combustibles. Al finalizar 2018, se
contabilizaban 6 mil 333 perforaciones a los ductos que conducen los
hidrocarburos, habiendo una tendencia creciente en municipios en donde no se
había registrado esta afectación.
Este es tan sólo un ejemplo
de uno de los delitos más publicitados y de más impacto en la actualidad, con
efectos que obligan a las autoridades a poner su mejor esfuerzo y sus mejores
estrategias para su contención y eliminación. La tragedia de Tlahuelilpan, en
el estado de Hidalgo, así lo exige.
En Puebla, el robo de
hidrocarburos ha ocurrido en el corredor que comprende los municipios de
Esperanza hasta Tlahuapan, a lo largo de la autopista México-Puebla, en donde
se ubican los ductos. Este estado forma parte de los 5 con mayor incidencia, en
donde además se ha alterado la paz y la tranquilidad de la población, significativamente.
El robo a trenes y el
abigeato o robo de ganado, son también preocupaciones de los poblanos.
Pero el combate de un delito
deriva en la aparición de otros que permitan compensar la falta de ingresos
ilícitos que no se obtienen de la actividad original y, generalmente estos son,
según se percibe, afectaciones directas a la población tales como robo de
autos, a casa habitación, robo a transporte, robo de mercancías y secuestro.
Entre las primeras
estrategias que vi legislar en la Cámara de Diputados y de las que no compartí,
estaba el incremento a los presupuestos de las dependencias de seguridad
pública, incluso por encima de las de educación y fomento económico. Mi
desacuerdo radicaba entonces y lo reitero hoy, porque el simple hecho de
aumentar patrullas, policías, armas e infraestructura no resuelve un problema
tan complejo si no se aborda de manera integral con una estrategia de
coordinación entre órdenes de gobierno.
Sin ser un gran conocedor de
las áreas de seguridad, como ciudadano considero que se deben prever las
consecuencias de atacar un delito para aminorar sus impactos colaterales y sus
consecuencias sobre la población que hoy reclama paz y seguridad para sus
familias, algo sagrado que así deberíamos cuidar.
Pero la población se
encuentra descapitalizada, millones de familias viven al día y sus únicas
fuentes de financiamiento, si las hay,
están entre los prestamistas de las comunidades. Los intereses son altos,
10 por ciento promedio mensual, lo cual es algo que inhibe cualquier actividad
productiva.
El microfinanciamiento, el
de los pagos chiquitos, ayuda pero no resuelve el problema. Con el paso del
tiempo la gente termina pagando mucho más que de contado. A los bancos
comerciales no les ha interesado atender el microcrédito y sus esquemas
financieros son caros, como la tarjeta de crédito, para una población donde más
de la mitad están en pobreza.
Y los programas
gubernamentales de apoyo económico son insignificantes. Los créditos a la
palabra solo han quedado en palabra. Recientemente hemos visto que en la
política federal desaparecen instancias que promovían el emprendedurismo, algo
que bien manejado y apoyado podría tener mejores resultados.
Al sistema educativo le ha
faltado y fallado integrar educación cívica y valores éticos, educación
financiera, educación alimentaria y nutricional y educación ambiental. Se
aprueban y cancelan reformas educativas como cancelar una cita. Aún no sabemos
cuál es la buena.
A la administración pública
le han faltado políticas públicas y agilidad en la aplicación de programas y
apoyos, regionalización de la atención y estratificación de acciones entre los
diferentes sectores poblacionales.
Los apoyos de carácter asistencial
no tienen una correspondencia o
equilibrio con los programas de fomento. A la mesa le falta una pata o dos. En
el fomento seguimos privilegiando apoyos materiales sobre los apoyos técnicos.
La gente necesita capacitación y asesoría para poder aprovechar al máximo lo
que se le otorga.
Sin distingo de colores políticos, a unos y
otros les ha dominado la tentación de ganar clientela electoral para los
siguientes procesos. Se han abandonado en
gran parte los principios de la política.
Lo que importa es ganar, como sea.
Necesitamos atender los
problemas desde su origen, escuchando a la gente en sus deseos para poder
descubrir sus necesidades. Necesitamos que sean parte en la construcción de las
soluciones, no solo receptores de lo que creemos que necesitan, generalmente
acciones equivocadas.
¿A poco nos vamos a quedar
así?
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