MI VOZ

 

HALO DE ESPERANZA EN EL PODER JUDICIAL POBLANO

Desde el ya lejano año de 1993, cuando ingresé al servicio público, existía una regla no escrita: cada titular del Ejecutivo influía en la designación de quien presidiera —en ese entonces— el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Así, don Manuel Bartlett apoyó al doctor Fernando García Rosas —quien ya había sido Procurador y Diputado— para llegar a la oficina principal del ex hospicio de San Pantaleón, ubicado en la 5 Oriente número 9 del Centro Histórico de la capital poblana, inmueble que en 1867 fue donado por el presidente Benito Juárez para fungir como sede del Poder Judicial.

Posteriormente, ocurrió lo mismo con Melquiades Morales Flores, quien impulsó al maestro Guillermo Pacheco Pulido para ocupar dicho cargo. Mario Marín repitió el patrón: primero mantuvo en la titularidad del Poder Judicial a Pacheco Pulido durante el escándalo de Lydia Cacho y, más tarde, apoyó con empeño a León Dumit Espinal para encabezar el máximo tribunal de justicia en la entidad.

Con la llegada del morenovallismo, y mediante un pacto entre Fernando Manzanilla —entonces Secretario de Gobernación Estatal— y la mafia de magistrados que durante décadas dominó la Judicatura local, fue nombrado por dos años David López Muñoz. Éste, por cierto, jubiló a la fuerza a todos los integrantes de esa misma mafia, a la que él mismo pertenecía, transfiriendo el control a sus sucesores. Poco después fue sustituido por Roberto Flores Toledano.

Bajo el gobierno de Tony Gali, llegó Héctor Sánchez Sánchez a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura Local, aunque su destino era entregar el cargo —por órdenes de Moreno Valle— a Jorge Benito Cruz Bermúdez en febrero de 2019. La muerte se interpuso y esa transferencia de mando nunca se concretó. Con la llegada de Miguel Barbosa, Héctor Sánchez permaneció en la posición hasta que, mediante una reforma constitucional, se separó la presidencia del Tribunal de la del Consejo de la Judicatura, convirtiéndose la primera en una figura meramente decorativa.

A la Judicatura llegó Carlos Palafox Galeana, ex Consejero Jurídico de Barbosa, quien se dedicó a violar sistemáticamente la Ley de Disciplina Financiera, arrastrando a la institución a una de sus peores crisis. Muchos trabajadores, azuzados por la mafia judicial, se manifestaron por la falta de pago de sus sueldos. Casos como el del juzgado de Acatlán fueron alarmantes: empleados honestos, eficientes y dedicados no cobraban su salario desde hacía ocho meses debido al desorden administrativo del Consejo.

La historia volvió a torcerse con la repentina designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto. Él eligió a José Eduardo Hernández Sánchez para encabezar la Judicatura, “por su perfil administrativo”, como lo confesó públicamente en una comida con juezas y jueces en Casa Puebla.

Con la llegada del armentismo, más de uno supuso que habría relevo en la Judicatura poblana, sobre todo considerando que Hernández Sánchez llegó al cargo por recomendación expresa de la morenovallista —hoy investigada por la Fiscalía— Patricia Leal Islas, además de haber sido subordinado de Eukid Castañón Herrera y de haberse manifestado públicamente por opciones políticas distintas al actual gobernador constitucional.

Sin embargo, el doctor Alejandro Armenta ha actuado como ningún otro gobernador en la historia de Puebla: respetando a cabalidad el principio constitucional de división de poderes y evitando la tentación, en la que sí cayeron sus predecesores, de imponer a alguien al frente de la Judicatura. Con ello, demuestra vocación democrática y respeto pleno a la ley, materializando en los hechos su frase de que los gobernantes no son soberanos ni virreyes, sino simples servidores del pueblo que los eligió.

Hoy, la coyuntura histórica exige un cambio en la titularidad del Poder Judicial, dada la inminente entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este ordenamiento establece a la oralidad como eje rector de los juicios y demanda especialización para quienes intervienen en asuntos que involucran a menores de edad.

Y, por si fuera poco, debe prepararse la transición para que —por primera vez en la historia— el primer domingo de junio de 2027 sean electos en las urnas magistrados, jueces y los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al inoperante Consejo de la Judicatura Local. En los corrillos judiciales se espera que estos movimientos ocurran, a más tardar, en enero de 2026.

Deseamos que la designación de la nueva o el nuevo titular del Consejo recaiga en alguien con madurez, experiencia, carrera judicial probada y conocimiento de lo que significa el apostolado de impartir justicia con recursos escasos, ante un aparato administrativo obeso e ineficaz como el del Consejo de la Judicatura, plagado de direcciones y organismos inútiles.

Ahora será la propia Judicatura la que decida su futuro, bajo el respeto irrestricto del Ejecutivo estatal a su ámbito de acción.