La pertinencia de un gobierno de transición. Por Francisco Baeza

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Enrique Krauze, en La Presidencia Imperial (Tusquets, 1997), escribe: “[El Sistema político mexicano] tiene una falla de origen localizada justo en el sexto año de gobierno. Una vez destapado el sucesor presidencial […], el presidente asiste a la disminución ineluctable de su poder frente al poder creciente de aquel”.

A partir del momento en que se conoce el nombre del hombre que guiará los destinos del país los siguientes seis años, el Ejecutivo en turno se vuelve transitorio. Este lapsus es crítico: mientras el poder central pierde su capacidad de influencia e interlocución, los poderes periféricos pelean por ganar posiciones de cara al próximo periodo…
A Enrique Peña Nieto le ha sorprendido una crisis de final de sexenio muy, muy temprana:

La pérdida de confianza en las instituciones del Estado, la tensión social y las crisis en materia de seguridad y economía, aunado al destape de una docena de presidenciables y a la derrota del oficialismo en las elecciones estatales, han convertido al Ejecutivo peñista en uno transitorio, saliente. En el desconcierto, el gobierno del país y el control de la sucesión han quedado en el aire…

El 26 de junio, Andrés Manuel López Obrador planteó la formación de un gobierno de transición. El tabasqueño se ve en Los Pinos y propone en consecuencia. Por ahora, los resultados electorales y las encuestas le dan la razón.

Por definición, un gobierno de transición es el proceso político mediante el cual se substituye el conjunto de valores asociados al régimen saliente por el conjunto de valores asociados al régimen entrante – el lopezobradorismo substituiría, específicamente, los valores morales de un régimen decadente; honestidad vs. corrupción, transparencia vs. opacidad, etc. Los gobiernos de transición son posibles solo si las partes tienen la habilidad para alcanzar acuerdos. El régimen entrante debe tener la flexibilidad para pactar, por un lado, con las fuerzas políticas afines, para consolidar su proyecto; y por el otro, con las autoridades en turno, para que el proceso se desarrolle de manera ordenada.

El 14 de julio, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, López Obrador mostró su lado más dialogante y estableció la agenda política inmediata: por un lado, suavizó su postura sobre la posibilidad de una alianza entre MORENA y el PRD y los otros partidos de izquierda – el día 16, media docena de familias perredistas urgieron a la nueva dirigencia nacional a fijar una hoja de ruta para acercarse a la formación del tabasqueño y, el día 22, Cuauhtémoc Cárdenas les secundó –; por el otro, relajó la presión sobre Peña Nieto – el día 18, el presidente recogió la bandera del combate contra la corrupción ofreciendo una disculpa inútil y permitiendo el relevo en la SFP…

López Obrador trata de arrastrar a Peña Nieto a una negociación: el mexiquense garantizaría respetar el resultado de la elección de 2018 – que, previsiblemente, no favorecerá a su partido –; a cambio, el tabasqueño utilizaría los medios a su alcance para ayudarle a gobernar el país – para estabilizarlo o para no desestabilizarlo, según se mire. El de Macuspana ofrecería, además, hacer una excepción a su norma: “[Durante mi administración] no habrá persecución. Justicia, no venganza” – repite. “Soy hombre de palabra. Sé respetar mis compromisos”…

El Ejecutivo peñista ha entrado en su fase transitoria. En éstas circunstancias, es pertinente el concurso de todas las fuerzas políticas para fijar un marco de confianza que permita enfrentar de buen modo el proceso electoral más importante de nuestra democracia.