17 de Abril del 2017
Un clamor ahoga a los poblanos… “la impartición de justicia está
prostituida".
Que se suma al grito desesperado… “los derechos fundamentales de las víctimas
de un delito son letra muerta en Puebla”.
De ahí, que ser víctima en carne propia de un delito es una experiencia que a
nadie se le desea.
La angustia, el miedo y la zozobra que se viven en esos instancias marcan
de por vida a esa persona.
Si a ello se añade que a la víctima de un delito en Puebla se le vuelve a
victimizar cuando acude al Ministerio Público, la historia de agravios en su
contra se repite per secula seculorum.
Entonces, de qué sirve que la
Constitución Federal prevé expresamente en el apartado C del Artículo 20, los
derechos de las víctimas del delito; entre ellos destacan:
Ser parte activa en el procedimiento penal; estar debidamente informado del
desarrollo de la causa; ser resguardado en su integridad física y emocional; ser
atendido médica y psicológicamente en caso necesario y que sea reparado el daño
causado al mismo.
Desafortunadamente, todos esos derechos fundamentales de las víctimas de
los delitos son letra muerta en Puebla.
Y ante la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Adversarial
–también llamados Juicios Orales- en el Estado de Puebla… la impunidad fue la
única que resultó beneficiada.
¿DE QUÉ SIRVE LA FISCALÍA GENERAL
Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA?
Y es cuando Juan Pueblo inquiere:
¿De qué sirvió crear la Fiscalía General del Estado de Puebla?
¿Tener un Fiscal inamovible hasta el año 2022?
¿Fiscalía inundada por fuereños y cuyo titular, Víctor Carrancá Bourget,
entonces sub procurador del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-, por haber
incurrido en graves deficiencias en las pesquisas ministeriales los presuntos
responsables del homicidio del actor Paco Stanley… salieron libres, por
determinación del Juez 55 de lo Penal?
¿El sostener en la Fiscalía a José Carlos Diez de Urdanivia, pese a no haber
aprobado los exámenes de Control de Confianza?
¿O los “sesudos” peritajes con “cabezas de marranos” para asegurar que la
muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue ocasionada por un “cohetón”;
hecho que fue desmentido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al
ordenar rehacer las investigaciones del caso Chalchihuapan?
¿Para qué se modificó la permanencia del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de un año a cuatro años, con derecho a un segundo periodo?
¿Por qué se permitió el ingreso de fuereños al máximo cargo de Magistrado,
empezando por el titular del TSJ, Roberto Flores Toledano?
¿Flores Toledano, por ser amigo del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas,
permanecerá 12 años consecutivos al frente del Poder Judicial del Estado?
¿Acaso en Puebla no hay jueces, juristas y abogados con capacidad, experiencia
y honestidad?
Tal parece que no.
Que no hay poblanos para ostentar el cargo de Fiscal General.
Ni para ser Magistrado.
Los hechos –al día de hoy- así lo demuestran.
SÓLO PUEDES PRESENTAR
DENUNCIA EN DOS SITIOS
Sirva lo anterior para encuadrar el calvario que tienen que pasar quienes son víctima
de un delito, porque sólo puedes presentar tu denuncia en dos lugares:
C-4 (edificio Central de la Fiscalía
General del Estado)
Y C-5 (ubicado en el Periférico
Ecológico)
Ahí inicia el viacrucis, pues cuando llegas a presentar tu denuncia tienes
que esperar de CINCO A SIETE HORAS
mientras las escribientes reciben la orden del jefes para que te atienda; y si
no se lleva tres copias de cada documento que debes presentar, pierdes el turno
y tienes que regresar al siguiente día.
Recientemente Juan N., acudió a presentar su denuncia por daño en propiedad
ajena culposo con motivo del tránsito de vehículos -le chocaron su coche-,
llegó 9 de la mañana y lo atendieron hasta las 5 de la tarde.
O sea, ¡7 horas para presentar una
denuncia!
Aun así, no le dieron los oficios de Servicios Periciales para que el
perito en Vialidad Terrestre dictaminara quién tuvo la culpa del choque; ello
porque el Agente del Ministerio Público, Macario Rogelio Guzmán Galicia salió a
comer.
El viacrucis continúa en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales de
la Fiscalía General, porque las empleadas del turno matutino tratan a los agraviados
de manera despótica, amén de argumentar que no pueden dar trámite a los oficios
donde se nombran peritos -valuadores, vialidad terrestre, identificación de
vehículo, entre otros- porque ¡no hay
sistema!
Así, los peritajes tardan en ser emitidos un promedio de DOS A CUATRO MESES.
Pero si el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General -porque
no llegaron los involucrados en el choque a acuerdo alguno, no tenían seguro, hubo
un muerto o alguno de los conductores venía ebrio-, entonces el asunto se turna
a la Agencia del Ministerio Público llamada OCRA –Oficina Centralizadora de
Riesgos Asegurados-
Ahí despacha Víctor Hugo Carlos Ortiz Ramos, Agente del Ministerio Público
adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana y cuyas oficinas se ubican
en las instalaciones de OCRA, ubicada en carretera al Batán, colonia Lomas de
San Miguel.
Ortiz Ramos ha “perdido” más de
veinte carpetas de investigación de afectados por delitos culposos sin que las
víctimas de dichos hechos delictuosos nada puedan hacer al respecto, argumentando ser “consentido” del
Fiscal General.
Y cada día que pasa, los agraviados por un choque tienen que pagar ochenta
pesos por derecho de piso, más doscientos pesos cada vez que la unidad tiene
que ser movida de un corralón a otro.
Además, el Ministerio Público
Víctor Hugo Carlos Ortiz “solicita amablemente” de 5 mil a 10 mil pesos por
devolución de vehículo particular; de 10 a 20 mil si es del servicio público y
hasta 50 mil pesos por un tráiler, o camiones de carga con mercancía perecedera
-pescado, queso o productos que se echan a perder rápido-
Cabe recordar que Ortiz Ramos fue titular de la Dirección de Agencias del Ministerio
Público en Tehuacán en 2013 y en ese cargo bloqueó la investigación de la
muerte del regidor del ayuntamiento de Teotitlán, Nahúm Rubiños Martínez, al
asegurar que su muerte se debió “a una caída”.
Por ello, Juan Pueblo alza la voz:
Un clamor ahoga a los poblanos… “la
impartición de justicia está prostituida".
Que se suma al grito desesperado… “los
derechos fundamentales de las víctimas de un delito son letra muerta en Puebla”.
¿Intervendrá el gobernador Antonio Gali Fayad?
¿Qué hará para frenar la impunidad que campea en la Fiscalía General y en el
TSJ?
¿O continuará el caminar de una justicia ciega, sorda y muda?
Al tiempo.
Derechos de víctimas del delito son letra muerta en Puebla Por Gerardo Pérez García
17 de Abril del 2017
Un clamor ahoga a los poblanos… “la impartición de justicia está
prostituida".
Que se suma al grito desesperado… “los derechos fundamentales de las víctimas
de un delito son letra muerta en Puebla”.
De ahí, que ser víctima en carne propia de un delito es una experiencia que a
nadie se le desea.
La angustia, el miedo y la zozobra que se viven en esos instancias marcan
de por vida a esa persona.
Si a ello se añade que a la víctima de un delito en Puebla se le vuelve a
victimizar cuando acude al Ministerio Público, la historia de agravios en su
contra se repite per secula seculorum.
Entonces, de qué sirve que la
Constitución Federal prevé expresamente en el apartado C del Artículo 20, los
derechos de las víctimas del delito; entre ellos destacan:
Ser parte activa en el procedimiento penal; estar debidamente informado del
desarrollo de la causa; ser resguardado en su integridad física y emocional; ser
atendido médica y psicológicamente en caso necesario y que sea reparado el daño
causado al mismo.
Desafortunadamente, todos esos derechos fundamentales de las víctimas de
los delitos son letra muerta en Puebla.
Y ante la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Adversarial
–también llamados Juicios Orales- en el Estado de Puebla… la impunidad fue la
única que resultó beneficiada.
¿DE QUÉ SIRVE LA FISCALÍA GENERAL
Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA?
Y es cuando Juan Pueblo inquiere:
¿De qué sirvió crear la Fiscalía General del Estado de Puebla?
¿Tener un Fiscal inamovible hasta el año 2022?
¿Fiscalía inundada por fuereños y cuyo titular, Víctor Carrancá Bourget,
entonces sub procurador del Distrito Federal –hoy Ciudad de México-, por haber
incurrido en graves deficiencias en las pesquisas ministeriales los presuntos
responsables del homicidio del actor Paco Stanley… salieron libres, por
determinación del Juez 55 de lo Penal?
¿El sostener en la Fiscalía a José Carlos Diez de Urdanivia, pese a no haber
aprobado los exámenes de Control de Confianza?
¿O los “sesudos” peritajes con “cabezas de marranos” para asegurar que la
muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo fue ocasionada por un “cohetón”;
hecho que fue desmentido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al
ordenar rehacer las investigaciones del caso Chalchihuapan?
¿Para qué se modificó la permanencia del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de un año a cuatro años, con derecho a un segundo periodo?
¿Por qué se permitió el ingreso de fuereños al máximo cargo de Magistrado,
empezando por el titular del TSJ, Roberto Flores Toledano?
¿Flores Toledano, por ser amigo del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas,
permanecerá 12 años consecutivos al frente del Poder Judicial del Estado?
¿Acaso en Puebla no hay jueces, juristas y abogados con capacidad, experiencia
y honestidad?
Tal parece que no.
Que no hay poblanos para ostentar el cargo de Fiscal General.
Ni para ser Magistrado.
Los hechos –al día de hoy- así lo demuestran.
SÓLO PUEDES PRESENTAR
DENUNCIA EN DOS SITIOS
Sirva lo anterior para encuadrar el calvario que tienen que pasar quienes son víctima
de un delito, porque sólo puedes presentar tu denuncia en dos lugares:
C-4 (edificio Central de la Fiscalía
General del Estado)
Y C-5 (ubicado en el Periférico
Ecológico)
Ahí inicia el viacrucis, pues cuando llegas a presentar tu denuncia tienes
que esperar de CINCO A SIETE HORAS
mientras las escribientes reciben la orden del jefes para que te atienda; y si
no se lleva tres copias de cada documento que debes presentar, pierdes el turno
y tienes que regresar al siguiente día.
Recientemente Juan N., acudió a presentar su denuncia por daño en propiedad
ajena culposo con motivo del tránsito de vehículos -le chocaron su coche-,
llegó 9 de la mañana y lo atendieron hasta las 5 de la tarde.
O sea, ¡7 horas para presentar una
denuncia!
Aun así, no le dieron los oficios de Servicios Periciales para que el
perito en Vialidad Terrestre dictaminara quién tuvo la culpa del choque; ello
porque el Agente del Ministerio Público, Macario Rogelio Guzmán Galicia salió a
comer.
El viacrucis continúa en el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales de
la Fiscalía General, porque las empleadas del turno matutino tratan a los agraviados
de manera despótica, amén de argumentar que no pueden dar trámite a los oficios
donde se nombran peritos -valuadores, vialidad terrestre, identificación de
vehículo, entre otros- porque ¡no hay
sistema!
Así, los peritajes tardan en ser emitidos un promedio de DOS A CUATRO MESES.
Pero si el vehículo fue puesto a disposición de la Fiscalía General -porque
no llegaron los involucrados en el choque a acuerdo alguno, no tenían seguro, hubo
un muerto o alguno de los conductores venía ebrio-, entonces el asunto se turna
a la Agencia del Ministerio Público llamada OCRA –Oficina Centralizadora de
Riesgos Asegurados-
Ahí despacha Víctor Hugo Carlos Ortiz Ramos, Agente del Ministerio Público
adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana y cuyas oficinas se ubican
en las instalaciones de OCRA, ubicada en carretera al Batán, colonia Lomas de
San Miguel.
Ortiz Ramos ha “perdido” más de
veinte carpetas de investigación de afectados por delitos culposos sin que las
víctimas de dichos hechos delictuosos nada puedan hacer al respecto, argumentando ser “consentido” del
Fiscal General.
Y cada día que pasa, los agraviados por un choque tienen que pagar ochenta
pesos por derecho de piso, más doscientos pesos cada vez que la unidad tiene
que ser movida de un corralón a otro.
Además, el Ministerio Público
Víctor Hugo Carlos Ortiz “solicita amablemente” de 5 mil a 10 mil pesos por
devolución de vehículo particular; de 10 a 20 mil si es del servicio público y
hasta 50 mil pesos por un tráiler, o camiones de carga con mercancía perecedera
-pescado, queso o productos que se echan a perder rápido-
Cabe recordar que Ortiz Ramos fue titular de la Dirección de Agencias del Ministerio
Público en Tehuacán en 2013 y en ese cargo bloqueó la investigación de la
muerte del regidor del ayuntamiento de Teotitlán, Nahúm Rubiños Martínez, al
asegurar que su muerte se debió “a una caída”.
Por ello, Juan Pueblo alza la voz:
Un clamor ahoga a los poblanos… “la
impartición de justicia está prostituida".
Que se suma al grito desesperado… “los
derechos fundamentales de las víctimas de un delito son letra muerta en Puebla”.
¿Intervendrá el gobernador Antonio Gali Fayad?
¿Qué hará para frenar la impunidad que campea en la Fiscalía General y en el
TSJ?
¿O continuará el caminar de una justicia ciega, sorda y muda?
Al tiempo.
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