15 de Mayo 2017
Nuestro país atraviesa por una situación paradójica y controversial; por un lado uno de los pilares que sostienen a toda sociedad está siendo vulnerado, a saber la seguridad que nos debe guardar el Estado, y por el otro, el apoyo social a grupos de personas que han hecho de lo ilícito una forma de vida. Así, por un lado exigimos tener paz y por el otro, estamos apoyando a la delincuencia. Esta realidad se vio totalmente reflejada esta semana en nuestra entidad. Un convoy militar fue atacado en Palmarito Tochapan, y en este hecho los atacantes utilizaron a pobladores como escudos para evitar respuesta castrense; los resultados los conocemos todos e incluso hemos sido testigos de las manifestaciones de la sociedad de la zona para evitar operativos contra el robo de gasolina. Y este hecho es sólo uno más de los que se han venido dando en todo nuestro país, donde es claro que la delincuencia ha rebasado las capacidades de seguridad del Estado a todos los niveles, situación que ha hecho poner en la mesa varias propuestas para hacer frente a dicho problema y de donde actualmente se desprende el debate de la llamada Ley de Seguridad Interior.
Todos sabemos de las deficiencias que las policías a nivel local enfrentan, de cómo estas han sido rebasadas por la delincuencia organizada, de cómo aún las instancias de policías federales han sido alcanzadas por historias de corrupción y por esto se ha presentado como una opción el uso de las fuerzas castrenses para reprimir a los delincuentes y hoy esté es el gran dilema, militarizar o reforzar a los cuerpos policiacos locales. El problema para operar una u otra salida no es menor, nuestro país creció de una forma tal que muchos de los cacicazgos locales se encargaban de dotar de seguridad a las distintas regiones del país, pero esto fue un desincentivo para mejorar las condiciones de las policías municipales y estatales que dejaron de lado la profesionalización y su capacitación, por lo que se hicieron vulnerables ante los grupos de delincuentes que cada vez más necesitaban asegurar territorios y que mejoraron sus tácticas de combate.
Esto provocó una salida inmediata que vio en el Ejército al elemento que podría ayudar al país a salir de esta crisis que se ha ido agravando al llegar hasta hechos como los ya descritos, sin embargo esta salida ha generado muchas críticas ya que no se han establecido en la ley los límites que deben tener las fuerzas castrenses en las operaciones de seguridad, es decir que en la legislación no tenemos parámetros para establecer hasta dónde y quién debe detonar la actuación de estas fuerzas en tareas de seguridad interna. A partir de la declaratoria de guerra al narcotráfico, hace ya casi diez años, es que las fuerzas armadas se han involucrado intensamente en los asuntos de seguridad pública y es por eso que hoy aparece el reclamo de una legislación precisa y una declaratoria de cansancio de los mandos superiores de estas, abriendo el debate para regular los artículos 29 y 129 de la Constitución.
Es claro que no debemos postergar más este debate si los hechos lo reclaman, es para eso que los cuerpos legislativos hoy representan un poder de facto que debe ser el que guíe el debate para mejorar en el corto plazo la percepción de la seguridad en nuestro país. Un debate profundo es necesario, considerando siempre las capacidades y facultades de todos los cuerpos de seguridad que representan al Estado recordando siempre que quizá las tareas no se puedan desarrollar solas y que se requieren complementariedades. Estas funciones deben desarrollarse en torno siempre de las contribuciones constitucionales de los últimos años que sellan el vínculo entre derechos humanos, leyes, y cuerpos de resguardo de la seguridad nacional y el orden público.
Los hechos que violentan a cualquier sociedad no deben quedar impunes ni al margen de la ley, por eso es necesario que se reactive la discusión de esta Ley Interna de Seguridad, ya que este es el primer paso para proponer una nueva estrategia ante los problemas de seguridad que hoy todos estamos viviendo.
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