Alberto Jiménez Merino
Director de la Comisión Nacional del Agua en Puebla
Más de 3 millones de agraristas poseen cerca de 103
millones de hectáreas del territorio nacional en 31 mil 500 núcleos de
población, ya sea como ejidos o como bienes comunales. Tan solo en Puebla hay
mil 160 ejidos y comunidades, en 1.5 millones de hectáreas y 180 mil titulares
de derecho agrario.
Las necesidades de los núcleos agrarios son muy
diversas en razón de sus condiciones particulares. En los municipios de
Tehuitzingo, Acatlán, Jolalpan y Chietla por ejemplo, demandan mejor
aprovechamiento del agua de las presas construidas.
Por su parte en Tenampulco, Tecomatlán, San Pablo
Anicano, Ixcamilpa, Coatzingo e Izúcar de Matamoros se requiere atención para
corregir afectaciones de ríos a terrenos y obras de aprovechamiento del agua.
En Tecamachalco, Libres, Oriental, Tehuacán, Santiago Miahuatlán, Coyotepec,
Ixcaquixtla, entre otros, necesitan de la
regularización de sus aprovechamientos de agua y la tecnificación del
riego.
Lo anterior, es solo un ejemplo de lo que se atendió
durante el mes de diciembre del 2017 en la Dirección de la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) en Puebla. Sin embargo, las necesidades son abultadas y
diversas.
Hace dos días se cumplieron 103 años de la
Promulgación de la Ley Agraria que dio sustento al reparto agrario y permitió
la paz y la convivencia entre los mexicanos así como también dio paso a la
creación de infraestructura e instituciones que formalizaron la posesión de la
tierra y el fomento productivo.
La regularización de la propiedad, la medición y
conciliación de límites llevó mucho tiempo. En 1994, se declaró que no había
más tierra que repartir y se dio paso a la creación del Programa de Certificación
de Derechos Ejidales, además de que se estableció también la posibilidad
de cambiar de régimen de propiedad al
dotar al ejidatario del dominio pleno sobre la parcela. Hoy, la tierra de
propiedad social esta regularizada en más del 95 por ciento.
Al margen de las discusiones sobre si fue bueno o malo
el fraccionamiento de las superficies, lo cierto es que eso garantizó la paz de
un México convulsionado en ese entonces. Lo que sigue, y que aún es un
pendiente de la política pública, es el desarrollo de los núcleos agrarios.
Para lograrlo, se requiere de un plan que apoye el
conocimiento de los recursos naturales de los ejidos y comunidades agrarias,
que los ayude a identificar y sistematizar su problemática y que además les
permita crear planes de acción, identificar y ejecutar proyectos de fomento
productivo que los impulse a mejorar sus condiciones de vida.
El aprovechamiento racional de bosques, selvas, fauna,
bellezas naturales y minerales, debe formar parte de las políticas públicas más
allá de programas asistenciales como el PROAGRO o los de fomento como FAPPA,
PROMETE o ARRAIGATE.
Desde el año 2010 sabemos, por el Censo Agropecuario,
que los jóvenes ya no se están quedando en el campo a reproducir la pobreza de
sus padres, y esto es una realidad que afecta a más de 21 mil ejidos en donde
los jóvenes están emigrando a las ciudades, nacionales o extranjeras.
Mucho tiene que ver en esto la desvinculación
educativa, cuyos contenidos no ayudan a la juventud a identificar posibilidades
locales de desarrollo en los niveles básicos, así como también a la separación
que hay en los contenidos universitarios en los cuales no estamos promoviendo
en los jóvenes ni siquiera a empezar a atender la problemática de sus
comunidades.
También juega un papel fundamental en la situación
anterior la falta de programas con mayores presupuestos para el fomento
productivo que apoyen la red de caminos rurales, capacitación y asesoría
técnica direccionada a las necesidades,
infraestructura productiva, de acopio y transformación, agricultura por
contrato, agricultura de conservación, reforestación y manejo ordenado de
bosques y selvas, así como a los aprovechamientos forestales no maderables,
pesca y acuacultura, sanidad e inocuidad y tecnificación productiva de procesos,
mecanización y riego.
Todo lo anterior lo menciono porque después de 103
años de la promulgación de la Ley Agraria, es necesario reflexionar sobre el
futuro de los núcleos agrarios antes de que sus recursos naturales se sigan
deteriorando, sus pobladores envejeciendo y la pobreza aumentando.
Feliz Año 2018!
0 comentarios:
Publicar un comentario