Reforma Judicial amenaza al sistema de justicia
*Riesgos para la autonomía institucional y la
profesionalización
Por Raúl Torres Salmerón
La Reforma Judicial de 2025, tal como está formulada,
amenaza los pilares fundamentales del sistema de justicia, la imparcialidad,
autonomía institucional y profesionalización y a pesar de que la intención de
democratizar el acceso a la justicia pueda ser válida, los mecanismos
propuestos resultan contraproducentes y generan vulnerabilidades críticas.
Una compilación y análisis de Felipe Noguera, titulada La
Reforma Judicial en México 2025: Riesgos para la Inversión Privada, con fecha
28 mayo de 2025, sostiene lo anterior a manera de conclusión, de las elecciones
que se llevarán a cabo para renovar el Poder Judicial este domingo 1 de junio.
Hace hincapié en que la experiencia internacional muestra
que las reformas judiciales exitosas requieren diagnóstico técnico, gradualismo
en su aplicación y consenso institucional amplio. México está ante una decisión
estructural que afectará su democracia y competitividad económica por años
venideros.
Como se ha informado todos los jueces y ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) serán elegidos mediante voto
popular; el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), será sustituido por una
nueva entidad cuya estructura y funcionamiento aún no están definidos; la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pasará de tener 11 a 9
ministros. Se eliminarán las dos Salas, y el Pleno asumirá todas las funciones
deliberativas.
Se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, nuevo órgano
electo por voto popular, tendrá la función de investigar y sancionar a jueces;
ningún integrante del Poder Judicial podrá percibir un salario superior al del Presidente
de la República; se prohíbe a jueces y magistrados ejercer la abogacía durante
dos años tras dejar el cargo; se restringe la facultad del Poder Judicial para
emitir amparos que suspendan políticas públicas y algunos puestos judiciales electos
tendrán vigencia hasta por 11 años.
Las siguientes son sus consideraciones:
-La Reforma Judicial promovida por el Poder Ejecutivo
mexicano para su implementación en 2025, conocida como el Plan C, plantea una
transformación estructural sin precedentes en el sistema de justicia del país.
-Aunque se presenta con el objetivo de democratizar el
acceso a la justicia, la iniciativa genera preocupaciones sustanciales sobre
sus implicaciones institucionales, económicas y de gobernabilidad.
-Se estima una participación ciudadana baja, del 5 al 20 por
ciento, lo cual podría comprometer la legitimidad del proceso.
-El INE enfrentará dificultades logísticas por el alto
número de boletas (602 millones) y una reducción de recursos. Cada votante
podrá elegir hasta 51 cargos, lo que complica el proceso y puede generar menor
participación, demoras en la votación, y un incremento en los votos nulos.
-Al menos 51 cargos federales presentan candidaturas únicas
y a nivel local hay ejemplos como el Estado de Durango, donde todas las
candidaturas fueron acordadas entre los tres poderes.
-Aunque el conocimiento de la fecha electoral ha aumentado a
54 por ciento en mayo según diario El Financiero, el conocimiento sobre las
candidaturas sigue siendo muy bajo.
Felipe Noguera enumera los riesgos para la Independencia
Judicial y el Estado de Derecho:
-Politización y Clientelismo. La selección de jueces a
partir de listas del Congreso puede generar sesgos partidistas. La necesidad de
financiamiento abre riesgos de dependencia hacia partidos, donantes o grupos
delictivos.
-Captura del Poder Judicial por Actores Criminales. Las campañas
judiciales podrían ser infiltradas por el crimen organizado.
-Bajo Perfil Profesional. No se garantizan requisitos
mínimos de formación y experiencia para los aspirantes.
-Ausencia de Diagnóstico Estructural. La reforma no aborda problemas
como impunidad, corrupción o sobrecarga procesal.
-Problemas de Implementación y Transparencia. El reemplazo masivo
conlleva altos costos y riesgos legales. No existen lineamientos claros para
campañas, evaluación ni fiscalización.
-Erosión del Sistema de Contrapesos: La subordinación
política del Poder Judicial compromete su función de equilibrio institucional.
Finalmente, el autor del análisis enumera los riesgos para
la inversión privada y la seguridad jurídica:
-Inseguridad Jurídica. Fallos judiciales erráticos y
arbitrarios podrían resultar de la falta de formación y presiones políticas.
-Ineficiencia Judicial y Disfuncionalidad Procesal. Sistema
podría tornarse lento e ineficiente, afectando contratos y resoluciones.
-Aumento de Litigios y Costos Legales. Se prevé mayor
litigiosidad y costos operativos para empresas.
-Pérdida de Confianza del Inversionista. La percepción de parcialidad
desalienta la inversión nacional y extranjera.
-Fomento de la Impunidad y Corrupción Judicial. Jueces vulnerables
podrían caer en sobornos o sumisión al poder político.
-Impacto Económico Estructural. Menor inversión, empleo y competitividad
pueden frenar el crecimiento económico.
El futuro ya llegó, está a la vuelta de la esquina. Es lo
que nos espera.
En fin, como escribió Luis Muñoz Rivera (Puerto Rico,
1859-1916), en su poema A Cualquier Compatriota:
¿Justicia?
¡qué palabra tan hermosa!
pero es una
palabra y no otra cosa.
¿Derecho? en
esta tierra infortunada,
es aire, es
humo, es ilusión, es nada.
raultorress@hotmail.com
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