El Estado de Derecho de un país se sustenta, antes que nada, en el arraigo que tenga la cultura de la legalidad en la sociedad.
Ciudadano significa “ser reconocido por la ley como civil perteneciente a una Nación, y por tanto, poder acceder al conjunto de derechos y libertades, que ni el Estado ni otros ciudadanos puede vulnerar en virtud de la igualdad jurídica” .1 (Araiza, 2007)
Al hablar de derechos nos referimos a los derechos sociales, políticos y civiles. En ese sentido, ser ciudadano conlleva derechos pero también obligaciones e implica un respeto hacia los demás con las acciones personales para no perturbar o violentar los derechos y libertades de los demás; lo que conlleva a una educación cívica y a una formación ética para la convivencia.
El respeto a la ley es un valor que se debe fomentar en la conciencia de los individuos desde el nivel más elemental de convivencia social y fortalecer a lo largo de las diferentes etapas de la vida.
A lo largo de nuestra historia, se ha observado cómo el concepto de ciudadanía registró una mayor relevancia a raíz del debilitamiento y cuestionamiento del Estado y de la búsqueda del reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los seres humanos como miembros de una sociedad. De esta forma, en nuestro país, los movimientos sociales llamados multiculturales a finales de los 60´s implicaron una activación de la sociedad en búsqueda de su expresión hacia una mayor conciencia social y por lo tanto, gestaron esfuerzos para recuperar -mediante el desarrollo de experiencias de participación popular- la actuación efectiva de los ciudadanos en el gobierno.
En nuestro país, la corrupción, la impunidad y el sistema de justicia que deja poco a la credibilidad así como tantos problemas de orden social, económico y político que nos aquejan –tales como la pobreza, falta de educación, salud, acceso a viviendas, por mencionar algunos- hacen que los asuntos públicos o de orden colectivo ya no sean solo responsabilidad del poder público sino de todos.
Ante la diversidad de necesidades y carencias que hay en nuestro país y su relación con los derechos de los mexicanos para recibir los satisfactores y tener una mejor calidad de vida, se torna urgente nuestro deber como ciudadanos fomentar una mayor participación en los asuntos públicos que nos competen a todos para lograr el bien común.
Habremos de gestar esfuerzos que busquen una participación decidida y efectiva cuestionando, proponiendo y exigiendo una mejor actuación de los funcionarios en el gobierno, al ser una ciudadanía vigilante de manera permanente; lo que contribuirá a que haya una mayor transparencia y rendición de cuentas en los asuntos del gobierno -por un lado-, aunado a la consolidación de las políticas púbicas focalizadas y consensadas para atender cada uno de los problemas en nuestro país.
Para ello, habremos de participar de una manera organizada para obtener mejores resultados. Es menester pues, generar conciencia sobre nuestro deber como ciudadano; es decir, ser ciudadanos comprometidos lo que implica el saber que todos somos responsables de construir una mejor sociedad; buscar el mismo objetivo además de transformar voluntades individuales en una voluntad general.
La consolidación de una democracia eficaz fomenta la participación ciudadana libre, activa, decidida y responsable de los diversos actores que integran nuestra sociedad en las decisiones gubernamentales, contribuyendo a la modernización de nuestras instituciones, en un marco de transparencia y legalidad. Debemos impulsar la transformación de una democracia representativa hacia un modelo más participativo y de corresponsabilidad social.
Sin duda, nuestro país requiere de una pronta, decida y activa participación ciudadana; también se requieren hacer cambios en las instituciones públicas que eliminen por completo situaciones de vulnerabilidad, ya que si la idea del Estado de Derecho no se traduce en un sistema normativo de cuya aplicación se deriven beneficios o costos tangibles, es difícil que la propia cultura de la legalidad llegue a permear en la conciencia de las personas y de las comunidades.
Por ello, el Gobierno de la República se aboca a profundizar la normalidad democrática para que sus valores y prácticas se expresen de manera cotidiana en todos los ámbitos de la sociedad. Además de consolidar la cultura de la legalidad y de contribuir a la construcción de un Estado de Derecho eficaz que proteja y salvaguarde los derechos de todas las personas.
1Araiza, Alejandra. (2007). Democracias, ciudadanías y formación ciudadana: una aproximación. Revista de Estudios Sociales No. 27. Facultad de Ciencias Sociales, Bogotá.
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