FRENTE
DE BATALLA
PRESUPUESTO
CON DESARROLLO REGIONAL
POR
ALEJANDRO ARMENTA MIER
En el ejercicio fiscal de
2017, la Federación percibirá 4 billones 837 mil 512 millones 300 mil pesos de los ingresos que tienen que ver con impuestos,
contribuciones, derechos, productos y aprovechamientos.
Ingresarán 3 billones 219
mil 818 millones 100 mil pesos de organismos y empresas de control estatal
tales como Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE y otros; entrará 1 billón 089 mil 715
millones 500 mil pesos como parte de las aportaciones de seguridad social y
cuotas de trabajadores y patrones que generarán 283 mil 241 millones 700 mil
pesos.
Esta ley contempla aspectos
trascendentes para los mexicanos. Uno de los más importantes es que no se crean
nuevos impuestos ni aumentan los existentes y sin embargo, el país recaudará
más recursos ya que existen 13 millones
más de personas que pagan impuestos.
Se liberan los precios de la
gasolina de manera gradual y ordenada, fomentando la competencia en favor de
los consumidores, garantizando la protección de la economía de todos a través
del establecimiento de precios máximos, de acuerdo con parámetros
internacionales. El objetivo central de esta Ley es ingresar más de lo que se
gasta.
Un aspecto fundamental que
contempla la Ley de Ingresos 2017 es el desarrollo regional, que implica el
incremento sustancial de los recursos federales para entidades federativas y
municipios, lo que implica una muestra de voluntad política en materia
económica del gobierno de la República.
Incluso se presentó un exhorto
–firmado por la bancada poblana del PRI- dirigido a todos los gobernadores del
país a que se suscriban y se conduzcan en sentido estricto a lo que dispone la
Ley de Disciplina Financiera y el Sistema Nacional de Planeación Democrática en
el Ejercicio de los Recursos Públicos.
El compromiso de los
gobernadores de los estados en el país es una demanda ciudadana pues son
quienes canalizan y deben liberar los recursos públicos, destinándolos a las
obras y acciones que satisfagan las necesidades sociales contribuyendo al
desarrollo social y económico en las entidades.
La obligación de los legisladores se
centra –entonces- en evitar el derroche de los recursos públicos en el
ejercicio 2017. Éstos deben estar perfectamente etiquetados para frenar que se destinen
a obras de lucimiento personal de los gobernadores en el país.
En Puebla, el gobierno panista es
muestra clara de ese derroche pues existen obras de ornato que se realizaron
por encima de las necesidades sociales de la población.
Es lamentable que se hayan destinado
más de 7 mil millones de pesos para el Museo Barroco, más de 17 mil millones de
pesos para la plataforma Audi que no da empleo a los poblanos, más de 9 mil
millones para los Centros Integrales de Servicios, más de mil millones de pesos
para la Estrella de Puebla y un teleférico de 831 millones de pesos; tan sólo
con el recurso del Museo Barroco se pudieron haber adquirido más de 4 mil
tractores, se hubieran construido más de 14 mil calles y –en el tema de la
educación- se pudiera haber construido 14 mil aulas.
En el caso del Distrito de Tepeaca
–que represento- estamos a la espera de que se liberen recursos por más de 40
millones de pesos retenidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno de
Puebla para 10 obras en la región, gestionados en el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2016, que se refieren a obras carreteras y módulos de seguridad.
Esa actitud no solo es grave
por lo que implica para la gente de los municipios que esperan la realización
de obras importantes como carreteras, obras de infraestructura deportiva y
educativa sino además el gobierno del Estado incurre en desvío de recursos
públicos, ya que se desconoce el destino de estos recursos que simplemente no
llegan.
Seguiremos de manera puntual
este asunto hasta conseguir que el dinero público llegue a su destino y de
ninguna manera permitiremos que se use para otros fines diversos para los que
fueron gestionados por esta diputación.
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