Estados Unidos atraviesa un panorama
electoral decisivo para el futuro del país ya que el proceso está
contextualizado en serie de cambios políticos en América que puede generar una
reconfiguración de las relaciones económicas, diplomáticas y sociales entre el
norte y el sur.
Sin duda es un
proceso significativo para nuestro país. En caso de ganar Hillary Clinton finalmente
la reforma migratoria integral, ¿será una realidad?; y si ganan los
Republicanos representados por Donald Trump, ¿llevará a cabo sus acciones
contra México y los inmigrantes? ¿o se trata de una estrategia de campaña?.
México
y Estados Unidos tienen sistemas electorales diferentes en su mayoría. La
diferencia fundamental es que mientras en México existe una institución
independiente y autónoma que funciona de forma permanente durante todo año, el
sistema estadounidense trabaja de otra forma ya que ellos manejan el colegio
electoral, el cual sólo funciona sólo en periodos determinados.
Para
el caso de México, el INE tiene la función de organizar las elecciones
federales, es decir, la elección del Presidente de la República, Diputados y
Senadores que integran el Congreso de la Unión además de organizar -en coordinación
con los organismos electorales de las entidades federativas- las elecciones
locales en los estados de la República y el garantizar que los candidatos
independientes tengan acceso a tiempos del Estado en radio y televisión con el
objetivo de difundir sus campañas y verificar que se cumpla el requisito mínimo
(2% de la lista nominal) para solicitar el ejercicio de las consultas populares
y realizar las actividades necesarias para su organización, incluido el computo
y la declaración de resultados.
Las
funciones del colegio electoral se refieren a la selección de los electores, incluida
una reunión de ellos, pues serán los que votarán por el presidente y/o
vicepresidente además de concretar el conteo de votos para el congreso.
En
Estados Unidos existe el bipartidismo, en cambio, en México existe el pluripartidismo,
donde una gran cantidad de partidos políticos tienen amplias posibilidades de
obtener el poder ejecutivo.
El
factor económico es fundamental en cualquier elección y en Estados Unidos es
especialmente relevante. De acuerdo con estimaciones del Centro para Políticas
Responsables (CRP, por sus siglas en inglés), una ONG que hace seguimiento al
financiamiento de la política en Estados Unidos, la actual campaña presidencial
estadounidense costará unos 2.6 millones de dólares –unos 30 dólares por cada potencial votante-.
La
mayoría de los recursos -utilizados en
la campaña estadounidense- provienen de
fuentes desconocidas y es tema que no contempla grandes reglamentaciones; como
muchas de las cuestiones de la democracia americana, gozan de una especial
libertad.
Lo
anterior, vale la pena contrastarlo con lo que ocurre en México -donde la
carrera por la presidencia de México en 2012 costó unos $1.9 millones de
dólares-según estimaciones de “México Evalúa”, un centro de análisis que se
dedica al estudio de las políticas públicas; el grueso de ese monto
se conformó por el financiamiento público indirecto otorgado por el Estado a los partidos políticos a través del acceso a
espacios de radio y televisión valorados en unos 1.5 millones de dólares.
Sin
duda, el financiamiento de las campañas, es otro aspecto que contrasta. En el
caso de Estados Unidos existe el financiamiento público y privado donde las organizaciones sin ánimo de lucro pueden gastar fondos ilimitados,
recibir donaciones, sin la obligación informar el origen de esos fondos en campañas políticas, siempre y
cuando el apoyo se dirija a las actividades de los candidatos y no a ellos
directamente.
Mientras
que en México sólo existe el financiamiento público y con muchas restricciones,
con el objetivo de evitar el uso de recursos ilícitos.
En
el contexto de la política internacional y de las relaciones diplomáticas, Estados
Unidos mantiene una relación comercial con México que va en ascenso donde los
migrantes juegan un papel fundamental que fortalece las economías de ambos
países.
En
ese sentido, independientemente de quien resulte electo, la nueva presidenta o
presidente, deberá fomentar políticas de intercambio comercial, cultural,
tecnológico, económico y social en un plano de mayor igualdad con el objetivo
de garantizar el desarrollo de la región.
El
tema migratorio es una urgencia que reclaman nuestros migrantes, y que deberá
ser abordado con responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos de
ambos países.
La
reforma migratoria, que es un pendiente de las últimas administraciones, debe
ser integral y en beneficio de las personas que, si bien no nacieron en
territorio americano son el motor que genera la grandeza del vecino país.
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