Mostrando entradas con la etiqueta Estados Unidos Mexicanos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Estados Unidos Mexicanos. Mostrar todas las entradas

lunes, 2 de julio de 2018

Políticas públicas para el desarrollo en un México pendiente


                                                                                              Alberto Jiménez Merino
                                                                   Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo


Existe una percepción generalizada entre la población acerca de que los gobiernos van y vienen, los sexenios se pasan y las cosas siguen igual o peor en muchas áreas del desarrollo local y nacional.

Esto no es privativo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Lo es también, de las universidades, escuelas, organizaciones, ejidos y probablemente de todas las instancias que se rigen por alguna forma de gobierno.

Una gran parte de la falla se debe a la escasa planeación, a la ausencia de un buen diagnóstico que identifique con mayor certeza los problemas y las necesidades para hacer una clasificación y una priorización para su atención a corto, mediano y largo plazo.

Esta falla se acentúa cuando los gobernantes se consideran sabios y, por ello, limitan la participación social, que puede causar incomodidad en el ejercicio del gobierno, o cuando el interés del gobernante está puesto en otros objetivos como los de carácter económico o el logro de otras metas políticas. Esto último, desvirtúa lamentablemente la tarea de gobernar.

Todo lo anterior viene a escena porque estamos a unas horas de conocer los resultados de la jornada electoral 2018 que habrá de renovar el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, algunos gobiernos y congresos estatales y, varios gobiernos municipales.
Y una cosa es la campaña para obtener votos que permitan ganar, ofreciendo el oro y el moro, algunos sonriendo más de lo normal, y otra, muy diferente, es el ejercicio del gobierno.
}
Nunca los líderes se han esforzado por cumplir sus promesas como lo señalan Denis Jeambar e Yves Roucaute en su libro El elogio de la traición.

En este proceso electoral hemos visto una gran diversidad de propuestas, muchas tan insostenibles que hasta ofenden la inteligencia del elector, solo por ganar votos. Los beneficios de corto plazo ayudan, pero no promueven el desarrollo personal, familiar y social.

Muchos problemas que hemos tenido por décadas, como la pobreza de millones de mexicanos, no solo no se han resuelto sino que hemos visto como se agravan con el paso del tiempo. De igual forma la inseguridad pública, la baja productividad, el cambio climático, el deterioro de los recursos naturales por sobre explotación, aprovechamiento desordenado  y contaminación.

Algunos problemas de nuestro tiempo son causas y otros, solo consecuencias. Han habido veces que es más rentable, políticamente, atender consecuencias y evadir la responsabilidad de atender las causas. Como ejemplo, muchos se esmeran en aumentar los presupuestos para seguridad pública, más policías,  armas y patrullas pero limitan la inversión en la educación, en el fomento productivo o los servicios ambientales que permitan abrir oportunidades para la gente.

Expresiones como, “nunca hay presupuesto para las necesidades prioritarias pero si para cosas superfluas” son recurrentes entre la población. Y sí, hay problemas para destinar recursos para mantenimiento y rehabilitación de escuelas, carreteras, caminos, redes de agua potable, infraestructura de tratamiento de aguas residuales o manejo de residuos sólidos; pero hay para muchas cosas inútiles.

Estamos urgidos de políticas públicas, de la atención de los problemas públicos con la participación social, es necesario sacudir la burocracia, con mejor atención personal y mayor cercanía de los funcionarios, con reducción de tiempos de respuesta y mejoras continuas en todos los servicios que presta el gobierno.

Se requiere un nuevo gobierno, con rostro más humano y con interés real en los problemas de los gobernados. Mucha gente ni siquiera pide que se le ayude, solo que se le diga cómo.  Otros muchos tampoco esperan que se les resuelva, solo necesitan que se les atienda. Pero todos esperan que se haga algo sustantivo por mejorar las condiciones actuales y crear las condiciones de una vida mejor para las futuras generaciones.

Es imposible tener contentos a todos, y quedar bien, nunca debe ser el objetivo. Hacer lo que se debe, siempre debe hacerse de acuerdo a lo que dice la ley y haciendo uso de la conciliación y la mediación como formas válidas para lograr el acuerdo más conveniente.
Estas son algunas de las políticas públicas en el México pendiente. Son algunos retos y compromisos que deben enfrentar los nuevos gobernantes, desde el Presidente de la República, hasta los mandos menores. Además, tienen tres opciones: hacer un buen gobierno, hacer un gran gobierno o dejar un legado. Cada quien que se acomode donde crea.

Finalmente, al término de este proceso electoral, reitero mi más amplio respeto a todas las opciones políticas y sus seguidores. Yo, tengo la mía, a la que he profesado mi máxima lealtad y compromiso inquebrantable. Siempre, desde la Universidad Autónoma Chapingo, he tenido por costumbre desear la mejor suerte a todos los participantes y reconocer a los que, de acuerdo a las reglas establecidas y aceptadas por todos, obtengan el triunfo.

¡Qué ganen los mejores!

¡Qué gane México!

¡Qué gane Puebla!

miércoles, 22 de marzo de 2017

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL VS LA CENTRALIZACIÓN DEL AGUA POTABLE POR ALEJANDRO ARMENTA MIER

La controversia constitucional es un mecanismo de control que contempla nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para resolver conflictos de legalidad –o constitucionalidad- que se susciten entre los tres niveles de gobierno dentro de sus esferas competenciales.
                      
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la encargada de conocer de las controversias constitucionales y determinar cuál fue el órgano que actuó fuera de su esfera de atribuciones.

Es el caso de las demandas presentadas en este sentido, para dirimir el conflicto del agua en Puebla, donde el estado pretende adjudicarse la facultad para celebrar convenios con particulares, a cambio de operaciones millonarias y sumamente opacas, acotando la facultad constitucional en la autonomía municipal.

Este mecanismo de control enunciado en el texto fundamental de 1917, fue reglamentado en 1994 para que las entidades, poderes u órganos públicos cuenten con un procedimiento para impugnar un acto o norma emitida por otro órgano frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

De esta manera la SCJN, se convierte en un órgano que vela por el respeto a la Federación, sus estados y sus municipios al tiempo que establece los límites de actuación de cada uno de ellos con el objetivo de preservar el orden constitucional.

La importancia de las controversias como de los otros medios de control constitucional radica en que dichos mecanismos fortalecen nuestro sistema federal, establecido en los artículos 40  y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que se respeta los límites establecidos para cada uno de los poderes del estado, así como de los niveles de gobierno que permiten el correcto funcionamiento del Estado.

Preservar el equilibrio entre los órganos estatales, debe ser el fin de quienes encabezan cualquier orden o función estatal, dentro de los tres niveles de gobierno; es decir, respetar en todo momento el texto constitucional y, en caso contrario, la controversia constitucional hará las veces para restablecer el orden vulnerado.

Un estado en el que no existen los contrapesos y el equilibrio es nulo, se cometen excesos y se altera nuestro orden legal.

La controversia por la defensa del agua en Puebla, es un procedimiento abierto sobre el cual habrá de pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días.

Los poblanos estaremos atentos y confiamos en que se restablezca el orden constitucional del artículo 115 y se respete en todo momento nuestro orden federal.

Es por esta razón que desde la Cámara de Diputados presenté un exhorto para que no se continúe con el proceso de privatización del servicio del agua potable y se revise de manera exhaustiva el procedimiento mediante el cual se otorgó la facultad de administrar un servicio que es plena responsabilidad del estado garantizar, a manos privadas.
Dicho punto de acuerdo señala que desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla para que en el marco de sus funciones constitucionales autónomas, en materia de  agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; establezcan bandos de coordinación con el gobierno del estado de Puebla, que garanticen el derecho constitucional de  acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible por las instancias estatales y municipales competentes, sin que esto implique su privatización.

Sin duda, el compromiso es generar esperanza a los poblanos con condiciones de bienestar y de apoyo a la economía familiar.

Mostrando entradas con la etiqueta Estados Unidos Mexicanos. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Estados Unidos Mexicanos. Mostrar todas las entradas

lunes, 2 de julio de 2018

Políticas públicas para el desarrollo en un México pendiente


                                                                                              Alberto Jiménez Merino
                                                                   Ex Rector de la Universidad Autónoma Chapingo


Existe una percepción generalizada entre la población acerca de que los gobiernos van y vienen, los sexenios se pasan y las cosas siguen igual o peor en muchas áreas del desarrollo local y nacional.

Esto no es privativo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Lo es también, de las universidades, escuelas, organizaciones, ejidos y probablemente de todas las instancias que se rigen por alguna forma de gobierno.

Una gran parte de la falla se debe a la escasa planeación, a la ausencia de un buen diagnóstico que identifique con mayor certeza los problemas y las necesidades para hacer una clasificación y una priorización para su atención a corto, mediano y largo plazo.

Esta falla se acentúa cuando los gobernantes se consideran sabios y, por ello, limitan la participación social, que puede causar incomodidad en el ejercicio del gobierno, o cuando el interés del gobernante está puesto en otros objetivos como los de carácter económico o el logro de otras metas políticas. Esto último, desvirtúa lamentablemente la tarea de gobernar.

Todo lo anterior viene a escena porque estamos a unas horas de conocer los resultados de la jornada electoral 2018 que habrá de renovar el Poder Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, algunos gobiernos y congresos estatales y, varios gobiernos municipales.
Y una cosa es la campaña para obtener votos que permitan ganar, ofreciendo el oro y el moro, algunos sonriendo más de lo normal, y otra, muy diferente, es el ejercicio del gobierno.
}
Nunca los líderes se han esforzado por cumplir sus promesas como lo señalan Denis Jeambar e Yves Roucaute en su libro El elogio de la traición.

En este proceso electoral hemos visto una gran diversidad de propuestas, muchas tan insostenibles que hasta ofenden la inteligencia del elector, solo por ganar votos. Los beneficios de corto plazo ayudan, pero no promueven el desarrollo personal, familiar y social.

Muchos problemas que hemos tenido por décadas, como la pobreza de millones de mexicanos, no solo no se han resuelto sino que hemos visto como se agravan con el paso del tiempo. De igual forma la inseguridad pública, la baja productividad, el cambio climático, el deterioro de los recursos naturales por sobre explotación, aprovechamiento desordenado  y contaminación.

Algunos problemas de nuestro tiempo son causas y otros, solo consecuencias. Han habido veces que es más rentable, políticamente, atender consecuencias y evadir la responsabilidad de atender las causas. Como ejemplo, muchos se esmeran en aumentar los presupuestos para seguridad pública, más policías,  armas y patrullas pero limitan la inversión en la educación, en el fomento productivo o los servicios ambientales que permitan abrir oportunidades para la gente.

Expresiones como, “nunca hay presupuesto para las necesidades prioritarias pero si para cosas superfluas” son recurrentes entre la población. Y sí, hay problemas para destinar recursos para mantenimiento y rehabilitación de escuelas, carreteras, caminos, redes de agua potable, infraestructura de tratamiento de aguas residuales o manejo de residuos sólidos; pero hay para muchas cosas inútiles.

Estamos urgidos de políticas públicas, de la atención de los problemas públicos con la participación social, es necesario sacudir la burocracia, con mejor atención personal y mayor cercanía de los funcionarios, con reducción de tiempos de respuesta y mejoras continuas en todos los servicios que presta el gobierno.

Se requiere un nuevo gobierno, con rostro más humano y con interés real en los problemas de los gobernados. Mucha gente ni siquiera pide que se le ayude, solo que se le diga cómo.  Otros muchos tampoco esperan que se les resuelva, solo necesitan que se les atienda. Pero todos esperan que se haga algo sustantivo por mejorar las condiciones actuales y crear las condiciones de una vida mejor para las futuras generaciones.

Es imposible tener contentos a todos, y quedar bien, nunca debe ser el objetivo. Hacer lo que se debe, siempre debe hacerse de acuerdo a lo que dice la ley y haciendo uso de la conciliación y la mediación como formas válidas para lograr el acuerdo más conveniente.
Estas son algunas de las políticas públicas en el México pendiente. Son algunos retos y compromisos que deben enfrentar los nuevos gobernantes, desde el Presidente de la República, hasta los mandos menores. Además, tienen tres opciones: hacer un buen gobierno, hacer un gran gobierno o dejar un legado. Cada quien que se acomode donde crea.

Finalmente, al término de este proceso electoral, reitero mi más amplio respeto a todas las opciones políticas y sus seguidores. Yo, tengo la mía, a la que he profesado mi máxima lealtad y compromiso inquebrantable. Siempre, desde la Universidad Autónoma Chapingo, he tenido por costumbre desear la mejor suerte a todos los participantes y reconocer a los que, de acuerdo a las reglas establecidas y aceptadas por todos, obtengan el triunfo.

¡Qué ganen los mejores!

¡Qué gane México!

¡Qué gane Puebla!

miércoles, 22 de marzo de 2017

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL VS LA CENTRALIZACIÓN DEL AGUA POTABLE POR ALEJANDRO ARMENTA MIER

La controversia constitucional es un mecanismo de control que contempla nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para resolver conflictos de legalidad –o constitucionalidad- que se susciten entre los tres niveles de gobierno dentro de sus esferas competenciales.
                      
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es la encargada de conocer de las controversias constitucionales y determinar cuál fue el órgano que actuó fuera de su esfera de atribuciones.

Es el caso de las demandas presentadas en este sentido, para dirimir el conflicto del agua en Puebla, donde el estado pretende adjudicarse la facultad para celebrar convenios con particulares, a cambio de operaciones millonarias y sumamente opacas, acotando la facultad constitucional en la autonomía municipal.

Este mecanismo de control enunciado en el texto fundamental de 1917, fue reglamentado en 1994 para que las entidades, poderes u órganos públicos cuenten con un procedimiento para impugnar un acto o norma emitida por otro órgano frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

De esta manera la SCJN, se convierte en un órgano que vela por el respeto a la Federación, sus estados y sus municipios al tiempo que establece los límites de actuación de cada uno de ellos con el objetivo de preservar el orden constitucional.

La importancia de las controversias como de los otros medios de control constitucional radica en que dichos mecanismos fortalecen nuestro sistema federal, establecido en los artículos 40  y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida que se respeta los límites establecidos para cada uno de los poderes del estado, así como de los niveles de gobierno que permiten el correcto funcionamiento del Estado.

Preservar el equilibrio entre los órganos estatales, debe ser el fin de quienes encabezan cualquier orden o función estatal, dentro de los tres niveles de gobierno; es decir, respetar en todo momento el texto constitucional y, en caso contrario, la controversia constitucional hará las veces para restablecer el orden vulnerado.

Un estado en el que no existen los contrapesos y el equilibrio es nulo, se cometen excesos y se altera nuestro orden legal.

La controversia por la defensa del agua en Puebla, es un procedimiento abierto sobre el cual habrá de pronunciarse la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos días.

Los poblanos estaremos atentos y confiamos en que se restablezca el orden constitucional del artículo 115 y se respete en todo momento nuestro orden federal.

Es por esta razón que desde la Cámara de Diputados presenté un exhorto para que no se continúe con el proceso de privatización del servicio del agua potable y se revise de manera exhaustiva el procedimiento mediante el cual se otorgó la facultad de administrar un servicio que es plena responsabilidad del estado garantizar, a manos privadas.
Dicho punto de acuerdo señala que desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se exhorta a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla para que en el marco de sus funciones constitucionales autónomas, en materia de  agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; establezcan bandos de coordinación con el gobierno del estado de Puebla, que garanticen el derecho constitucional de  acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible por las instancias estatales y municipales competentes, sin que esto implique su privatización.

Sin duda, el compromiso es generar esperanza a los poblanos con condiciones de bienestar y de apoyo a la economía familiar.