El pasado lunes 30 de enero, José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), presentó los resultados del Review of Telecommunications Policy and Regulation in Mexico (en castellano: Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México), en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), ubicado en la calle de Tacuba número 17, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. México es uno de los 30 países miembros de la OCDE –ingresó el 18 de mayo de 1994-.
En la presentación del referido estudio, el ex canciller José Ángel Gurría atinadamente destacó: “ninguna economía puede llegar a ser competitiva sin redes y servicios de telecomunicaciones eficientes, asequibles y de amplia cobertura. Los responsables de las políticas públicas no pueden lograr sus objetivos de desarrollo económico sin contar con un acceso generalizado y de costo razonable a estas redes".
El objetivo del informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es: “examinar las políticas y regulaciones en el sector de servicios de telecomunicaciones en México y presentar recomendaciones destinadas a promover la reforma regulatoria, la competencia en el mercado y estimular la inversión en el sector como un elemento fundamental para el desarrollo futuro de la economía mexicana”.
El diagnóstico integral realizado por la OCDE sobre la situación actual en las telecomunicaciones mexicanas, no precisamente resultó favorable en determinados aspectos, como cobertura, calidad, competitividad de precios y grado de competencia.
En días pasados el ingeniero Carlos Slim cuestionó la validez del estudio, destacando que se trataba de un documento elaborado por encargo del gobierno mexicano, y que tuvo un costo de un millón 200 mil pesos. El estudio efectivamente fue solicitado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Algunos de los resultados que arrojó la citada investigación fueron considerados por el ingeniero Slim como “jalada de pelos”.
Según el citado estudio de la OCDE, México mantiene los niveles más bajos de penetración entre todos los países analizados en todos los servicios. Dicho análisis –afirma Ernesto Piedras- “muestra que la pérdida en el excedente del consumidor atribuible a las deficiencias de la industria; en parte por los cobros excesivos y en parte por las suscripciones que no se realizaron, representa un total de 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, equivalente a 1.8% del PIB nacional al año”. La atención mediática por supuesto destacó la referida cifra sobre el costo social de la “gran dominancia”, la cual derivó del concepto Purchase Power Parity (PPP).
En México el operador dominante de telefonía fija mantiene 80 por ciento de las líneas, el de telecomunicaciones móviles mantiene 70 por ciento, y el principal operador de banda ancha mantiene 66 por ciento de las conexiones. Esos operadores son propiedad del ingeniero Carlos Slim. Además de la elevada concentración, es importante destacar que el consumidor recibe servicios de mala calidad y a precios elevados.
Las tesis centrales que sustentan en citado estudio son: toda concentración en alguna industria genera costos sociales; en México el sector telecomunicaciones está altamente concentrado; el sector telecomunicaciones padece un alto costo social.
El estudio de la OCDE sencillamente confirma lo que todos sabemos pero no remediamos. Como se indica en el citado estudio: “En este informe se analizan las políticas y la regulación de las telecomunicaciones en México y se formulan algunas recomendaciones, que no son nuevas, sino que reflejan en gran medida las mejores prácticas que ya sea aplican en muchos países de la OCDE y que han contribuido a desarrollar en estos países”.
Las recomendaciones no son nuevas: apertura en todos los segmentos de la industria, la creación de medidas efectivas que promuevan la sana competencia al interior del mercado, y por medio de instituciones fuertes que puedan exigir su cumplimiento. Sin embargo, el diagnóstico y las recomendaciones debieron incluir en rigor y extensión a la industria de la televisión. El gobierno del presidente Felipe Calderón apostó por la indefinición. Al concluir su mandato, todo seguirá igual.
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