Presupuesto 2022, Políticas Prioritarias para el Campo Mexicano

Columna Un Nuevo Comienzo

Presupuesto 2022, Políticas Prioritarias para el Campo Mexicano

Alberto Jiménez Merino

Más de 25 millones de mexicanos viven en el campo.

Según datos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el 15 por ciento de la

población ocupada del país es del sector agroalimentario, mismo que representa

el 9.24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 9.5 por ciento de las

exportaciones nacionales que, en total, generan más de 40 mil millones de dólares

(mmdd) y una balanza comercial superavitaria mayor a 12 mmdd. favorable a

México.

Las exportaciones mexicanas agroalimentarias superan ya a los ingresos

obtenidos por el petróleo, las remesas de migrantes y el turismo. El campo

mexicano es el principal proveedor de alimentos a los Estados Unidos con el 22

por ciento del total anual comprado en el mundo. Esto incluye un 70 por ciento de

las hortalizas y 60 de las frutas exportadas por nuestro país.

No podemos dejar de lado que el campo es una importante fuente de alimentos y

materias primas para la industria, además de ser el origen del agua para las

ciudades y centros de población.

Entre los problemas que el campo enfrenta actualmente están las políticas y

decisiones aplicadas con alta carga ideológica, apartadas de la ciencia y la

técnica, recortes presupuestales y la eliminación de 17 programas que apoyaban

el fomento productivo agropecuario y acuícola. Los presupuestos actuales no

rebasan los 49 mil millones de pesos (mmdp), casi la mitad con relación a 2018.

Vivimos una austeridad republicana que se ha traducido en recortes a los gastos

operativos de las dependencias del sector y la reducción de plazas que permitían

cierto grado de atención a la población. Se eliminaron los recursos para la

atención a desastres naturales y apoyos a la investigación agrícola.

Nuestro campo enfrenta sequías prolongadas y una drástica reducción de la

disponibilidad de agua para los diferentes usos; falta de asistencia técnica,

servicios de capacitación y acompañamiento; así como también el hecho de que

los recursos para financiamiento se han disminuido notablemente.

Se estima una reducción de 3 millones de hectáreas de superficie sembrada y un

incremento de importaciones de maíz, soya y trigo por 19.8 millones de toneladas

en el primer semestre de 2021 con relación al mismo periodo de 2020. Si bien el

incremento en volumen es del 14 por ciento, en valor es del 64 por ciento según

reportes del CNA.

Todo lo anterior ejerce una fuerte presión sobre el precio de la tortilla y el pan,

afectados también por el precio del gas. Lo cual, junto con el efecto de la

pandemia COVID19, está provocando un aumento de la pobreza que, según datos

del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), estaría pasando de 61 a 70

millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza con relación al

año 2018.

A pesar de las reducciones presupuestales, la eliminación de programas, la sequía

en gran parte del territorio nacional, y el COVID que afectó la producción y

comercialización, el sector primario registra un crecimiento de 2.8 por ciento al

primer trimestre del 2021 contra -2.3 y -3.6 por ciento de los sectores secundario y

terciario.

Por lo anterior, y como propuestas del Congreso Estatal Extraordinario de la

Confederación Nacional Campesina (CNC) de Puebla ante el Congreso Nacional

Cenecista, especialmente a los legisladores federales de la LXV que inicia el

primero de septiembre, se solicita su intervención para defender mayores

asignaciones para el sector agroalimentario dentro del Presupuesto de Egresos de

la Federación (PEF) 2022.

Se requiere recuperar cerca de 17 programas de fomento productivo, convencidos

de que los apoyos sociales y asistenciales por sí solos no revierten la pobreza ni

promueven el desarrollo económico regional. En esta situación están los

programas de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola, Apoyos a la

Comercialización, Fomento a la Agricultura, Fomento Ganadero, Concurrencia con

Entidades Federativas, Sanidad e Inocuidad, Atención a Siniestros Agropecuarios,

Apoyo a Financiamiento, Productividad y Competitividad Agroalimentaria.

Es fundamental fortalecer la seguridad alimentaria de la población, apoyar

realmente a pequeños productores y de autoconsumo, recuperar apoyos a la

agricultura y ganadería familiar, atención integral al desarrollo de cadenas

productivas y abasto a mercado, revisión de los temas laborales T-MEC, creación

de oportunidades reales para los jóvenes, apoyo a los jornaleros agrícolas,

atención a la estacionalidad agrícola de Estados Unidos y su impacto en México;

así como una política nacional de apoyo a los Ejidos y Comunidades Agrarias,

ganadería a base forrajes y praderas, producción de Leche y Carne en los

trópicos, políticas de Conservación del suelo y el agua y, apoyo a la agricultura de

Conservación, Agricultura Protegida y Agricultura Orgánica

En materia legislativa se considera prioritaria la revisión y aprobación de Ley

General de Aguas Nacionales que asegure el abasto de agua, recarga natural y

artificial de acuíferos, tratamiento y reúso de aguas residuales y tecnificación del

riego agrícola.

También es prioridad revisar la Ley de Financiamiento Rural, la de desarrollo

regional y la Ley General de Planeación Nacional.

¡No puede inventarse el país cada 6 años!