Parecería un
cliché el decir que Puebla ya no es la misma de antes, sin embargo, hoy más que
nunca es una afirmación que podemos corroborar en la realidad. Para nadie es un
secreto que, desafortunadamente, la ciudad dejó de ser un lugar tranquilo y ahora
la gente no se siente segura.
No hay día que
no haya un hecho criminal que empañe la dinámica social. Si no son asaltos, hay
balaceras, asesinatos, hallazgos de cuerpos o muchos otros lamentables sucesos
que lastiman el día a día de la sociedad.
Esto se
proyecta en las estadísticas y los números no mienten. De acuerdo con la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, hace tan sólo
un poco más de un mes, en marzo, 72.3 por ciento de los habitantes de la capital
poblana la consideraron como un lugar inseguro para vivir; incluso, más de la
mitad de la población manifestó haber cambiado rutinas por temor a sufrir algún
delito.
Y es que estos
resultados, además de proyectarnos la relevancia de un problema latente, nos
hablan del crecimiento del mismo, ya que con relación a los datos 2023 la
percepción de inseguridad ciudadana aumentó casi dos puntos porcentuales, ya
que se ubicaba en 70.4 por ciento.
Este panorama
tan desolador refleja que las acciones emprendidas hasta este momento son
insuficientes y requieren una propuesta que considere el problema de manera
integral.
En ello
coincido plenamente con la presentada por Eduardo Guerrero y publicada en la
Revista Nexos, referente a la necesidad de negociar un tratado de seguridad con
Estados Unidos y Canadá o como él lo llamó, formular un Tratado de Seguridad
para América del Norte (TSAN).
Los
principales objetivos de esta propuesta, son al menos tres: Primero,
profundizar la colaboración y la cooperación con Estados Unidos y Canadá para
fortalecer la seguridad regional, ante los grandes desafíos del crimen
trasnacional que afectan la seguridad (al interior y al exterior) de los tres
países; es el caso del tráfico ilegal de drogas, entre otros.
Segundo, avanzar
en México, con el apoyo de Estados Unidos y Canadá, en la profesionalización de
sus fuerzas policiales y militares, así como de sus agencias de inteligencia e
investigación criminal y, conforme se registren tales avances, crear “grupos
operativos” (task forces) de alto rendimiento y con acceso a información
de inteligencia, tecnología y armamento de punta para combatir eficazmente
amenazas y riesgos del crimen de alta escala.
Y tercero, una
vez que México avance en los primeros dos objetivos, el TSAN debe enfocarse en
reducir significativa y progresivamente los daños del crimen al bienestar de la
población, su sistema electoral, su infraestructura crítica (sobre todo en
materia de agua y energía) y, con ello, su potencial económico.
Considero que
en este mismo sentido se tendría que trabajar una propuesta para Puebla. En
cuanto a la profundización de la colaboración, lo primero que se tendría que hacer
sería el emprender una estrategia de fortalecimiento regional, para establecer
un mecanismo de coordinación metropolitana para intercambiar información de
inteligencia, estrategias y recursos con el fin de abordar de manera conjunta
los desafíos del crimen.
En este mismo
sentido se tendría que impulsar la creación de una red de vigilancia
compartida, utilizando tecnologías de punta como cámaras de reconocimiento
facial, drones y sensores, para monitorear de manera más efectiva el flujo de
personas, vehículos y mercancías.
Respecto a la
profesionalización de las fuerzas policiales se deberá apostar a promover
programas de capacitación conjunta entre las fuerzas de seguridad de la región,
con énfasis en técnicas de investigación criminal, inteligencia y operaciones
tácticas, para mejorar la eficiencia de las instituciones encargadas de
combatir el crimen.
Pero, además,
se deberán de adoptar estándares internacionales de profesionalización y ética
en el desempeño de las fuerzas de seguridad, promoviendo la transparencia, la
rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos en todas las
operaciones.
Una vez
alcanzados ciertos niveles de profesionalización y capacidad técnica, se
deberán establecer grupos operativos especializados, conformados por miembros
seleccionados y entrenados de manera rigurosa, con acceso a información de
inteligencia, tecnología y armamento de última generación para enfrentar de
manera eficaz amenazas del crimen de alta escala.
Con relación
al último eje sobre reducir significativamente los daños del crimen al
bienestar de la población, se deberán implementar estrategias integrales que no
solo se centren en la represión del crimen, sino también en la prevención del
delito, la atención a víctimas y la promoción de la cultura de la legalidad y
la participación ciudadana.
Aunado a ello
se deberán promover políticas de desarrollo económico y social en las zonas más
afectadas por la violencia y el crimen, con énfasis en la generación de empleo,
el acceso a la educación y la mejora de los servicios públicos, con el fin de
reducir las condiciones que propician la criminalidad.
Finalmente,
pero fundamental, se deberá establecer un comité de seguimiento y evaluación
regional, encargado de monitorear el avance de los objetivos planteados y
ajustar las estrategias según sea necesario.
Desde luego,
la pieza clave será promover la participación activa de la sociedad civil, el
sector privado y otros actores relevantes en el diseño e implementación de
estas políticas, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en
todas las acciones emprendidas.
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