CONTRASTES

 

Acceso real al poder legislativo: la reforma electoral que urge debatir

 

Si el poder no te incluye, la democracia se reduce a una ceremonia.

¿Por qué eliminar los plurinominales?

¿Qué tan sostenible es para la sociedad financiar estructuras políticas obsoletas y disfuncionales?

Una reforma electoral no solo cambia reglas: puede cambiar el juego. Hoy, la propuesta de eliminar los plurinominales —esa vía discrecional para acceder al poder sin necesidad de votos populares— ha desatado nerviosismo entre figuras políticas, casos que no se repetirán por mencionar algunos ejemplos “Alito Moreno, Marko Cortés o Ricardo Anaya.” Ademas de que se va buscar la reducción del presupuesto que los partidos obtienen sin obligación de rendición de cuentas.

Hablar de democracia es hablar de procedimiento, de transparencia, de reglas claras. No es viable aspirar a legisladores o diputados legítimos si el mecanismo de acceso al poder sigue siendo trampolín que no requiere ningún esfuerzo. Este proceso electoral es histórico, y es la primera vez que una iniciativa formal intenta poner fin a los plurinominales en la Cámara de Diputados.

¿Por qué eliminar los plurinominales? Porque son puestos concedidos desde dentro de los partidos, sin intervención ciudadana. Los elegidos reciben choferes, camionetas blindadas, viáticos y viajes pagados; mientras, quien realmente debería decidir, el pueblo, se queda al margen. Si la democracia interna de los partidos es opaca, listas pactadas, candidaturas por dedazo, ¿cómo aspirar a una democracia plena?

Esto nos lleva a reflexionar: ¿Debería la reforma ir más allá? Si la soberanía reside en el pueblo, todos los actores deben estar implicados, ciudadanos, autoridades y partidos.

Y si esta propuesta prospera, irreversiblemente reducirá el presupuesto de los partidos y los beneficios para sus cuadros. Entonces conviene preguntarse: ¿Seguirán peleando los políticos por los cargos sin la promesa de los beneficios?

Un diputado federal recibe en promedio 79,000 pesos netos al mes, que con prestaciones ascienden a 153,000 pesos mensuales, si reducimos la Cámara de 500 a 300 diputados, imaginemos el ahorro que significaría. En 2024, los partidos recibieron más de 10,444 millones de pesos en financiamiento público para actividades ordinarias y campañas, durante campañas, cada candidatura puede gastar hasta 660 millones de pesos, distribuidos “según” fórmulas legales.

Preguntas que invitan a pensar:

¿Es justo mantener una representación “reservada” cuando la legitimidad democrática exige decisión ciudadana?

¿Qué tan sostenible es para la sociedad financiar estructuras políticas obsoletas y disfuncionales?

¿Estamos dispuestos a recuperar dinero público y eficiencia legislativa?

¿Podría este cambio promover pluralidad real y acabar con la reproducción de elites partidistas?

Toda reforma que toque la arquitectura e ingeniería del poder debe aprender a sortear críticas y obstáculos. En Morena no hay pensamiento único, y eso, lejos de ser un defecto, es saludable, la deliberación interna evita que la política se convierta en obediencia. Aun así, los partidos aliados, el partido Verde y del Trabajo, han acompañado la iniciativa, a sabiendas de que podrían ser los más afectados. El Verde opera con lógica de negocio y actúa conforme a sus intereses, el PT, históricamente distante del modelo neoliberal, pero sabe que sin el acompañamiento de Morena su margen de maniobra sería limitado. Ese equilibrio imperfecto también forma parte del momento político, nadie llega solo y nadie decide solo.

En el diseño de la ruta, Pablo Gómez ha insistido en algo que conviene subrayar: “se escuchará a todos”. Más que una consigna, debería ser un método. Una reforma de este nivel no puede anclarse en certezas dogmáticas, ni de los partidarios, ni de los detractores, sino en la construcción de reglas comunes que resistan el paso del tiempo y los cambios de gobierno.

Lo que se busca es desmontar una hipocresía electoral que se instaló durante años, procedimientos que, bajo el lenguaje de la representación, terminaban blindando privilegios y cerrando el acceso al ciudadano común. Buena parte de la oposición actúa como si su visión fuera la única autorizada para definir la democracia, invocando un supuesto monopolio de experiencia técnica, pero el país ya no es el mismo. México es hoy una sociedad más politizada, más involucrada, más exigente, hay gente que apoya y, al mismo tiempo, critica, que participa y pide cuentas, que no se conforma con el ritual de siempre.

Si la ciudadanía crece, las formas del debate deben crecer con ella. Se descalifica, con frecuencia, la herramienta de las consultas populares,“carísimas”, “manipuladas y manipuladoras”, como si escuchar a la gente fuera un gasto inecesario. Son ejercicios perfectibles, sin duda, pero su sentido es claro, democratizar la decisión mediante el involucramiento. Si el poder no te incluye, la democracia se reduce a una ceremonia.

Durante décadas nos dijeron que participar era acudir a la casilla y volver a casa. Aquella idea de democracia ya no alcanza. Las reglas del acceso al poder, cómo se elige, con qué financiamientos, bajo qué controles y límites deben abrirse a la discusión pública, no para sustituir instituciones, sino para legitimarlas. La reforma, si quiere estar a la altura del momento, tendrá que asumir esa exigencia, menos dedazo, más deliberación; menos privilegio automático, más voto efectivo, menos simulación, más contrapeso ciudadano. Porque la democracia no nace el día de la elección, se sostiene todos los días, en la forma en que distribuimos la voz.