UN NUEVO COMIENZO PARA EL PODER JUDICIAL POBLANO
La gestión de José Eduardo Sánchez Hernández como Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla ha llegado a su fin. Su salida, largamente anticipada, finalmente se concretó hace algunos días.
Durante meses flotó la misma pregunta en el ambiente: ¿cómo era posible que un morenovallista de origen y excolaborador de Eukid Castañón continuara encabezando uno de los poderes del Estado en tiempos de la Cuarta Transformación? La respuesta la dio la realidad. Los escándalos de corrupción no solo lo alcanzaron, sino que lo rebasaron por el flanco izquierdo.
El llamado “Cártel del Despojo”, enquistado en las entrañas judiciales, mantuvo su operación habitual incluso durante su gestión. Paralelamente, el rezago en la tramitación de asuntos alcanzó niveles insólitos: cerca de 800 sentencias pendientes en el Juzgado Mixto de Xicotepec, según han documentado diversos medios, son una muestra clara de la crisis.
La falta de jueces de enjuiciamiento agrava aún más la situación. Los pocos que existen cargan con un cúmulo de asuntos prácticamente inabordable, y no es posible enviar refuerzos porque simplemente no existen perfiles preparados ni con experiencia suficiente para asumir esas funciones.
A ello se suma que la deteriorada imagen pública del Poder Judicial no ha logrado ser revertida por Sandra Ortiz, Directora de Comunicación Social, pese a su supuesta experiencia en medios masivos.
En muchos juzgados —particularmente en los del interior del Estado— no hay personal suficiente, ni mobiliario, ni papelería, ni toner para impresoras concesionadas a una empresa ineficaz. En algunos casos extremos, los abogados litigantes han tenido que imprimir sus propias diligencias en papelerías cercanas ante la carencia absoluta de insumos básicos para cumplir la obligación constitucional de impartir justicia.
Como si fuera poco, los jueces enfrentan otra presión:
temen proponer a alguien para ocupar una Secretaría en la renovación semestral de contratos. Aunque la ley los faculta plenamente para ello, los administradores de juzgado les advierten que su propuesta podría no prosperar, que el Consejo podría imponer a alguien sin experiencia o, peor aún, retirarles la plaza para asignarla a algún recomendado en la capital.
Por ello, muchos prefieren mantener a secretarios incompetentes, ignorantes o francamente corruptos antes que arriesgarse a quedarse con menos personal, obstaculizando aún más la correcta administración de justicia.
A este clima se suma la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la Judicatura. Recordemos que los últimos tres presidentes fueron removidos de manera abrupta:
• Roberto Flores Toledano, quien regresó brevemente como Magistrado antes de renunciar.
• Héctor Sánchez Sánchez, obligado a dimitir pese a su notable labor en la creación de nuevos juzgados tras dos décadas sin crecimiento.
• Carlos Palafox Galeana, cuya administración derivó en la peor crisis reciente del Poder Judicial y terminó incluso con un procedimiento penal en su contra.
Sin embargo, frente a este panorama complejo, es necesario afirmar que los tiempos están cambiando, y que el Poder Judicial de Puebla se encuentra ante una oportunidad histórica.
Está por entrar en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que obliga —entre muchas otras transformaciones— a que todos los operadores judiciales involucrados en asuntos con menores de edad cuenten con certificación especializada. Esto implica capacitar a más de cien jueces estatales, así como a centenares de secretarios de acuerdos y secretarios de estudio y cuenta en todo el Estado.
Y hasta ahora, la pomposamente llamada Escuela de Formación Judicial permanece inerte, sin mostrar señales de vida.
A la par, debe prepararse la primera elección judicial en la historia del Estado, en la cual la participación del Consejo de la Judicatura será decisiva a partir de 2026. Son retos enormes, sí, pero inevitables.
Estamos convencidos de que el Poder Judicial Estatal puede iniciar una nueva etapa bajo la guía de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum y de nuestro Gobernador Alejandro Armenta, alineado con los principios del humanismo mexicano y de la bioética social.
Confiemos en que pronto contaremos con un aparato de impartición de justicia más eficaz, eficiente y humano, que haga realidad el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, acercando la justicia a quienes menos saben y menos tienen.
Veremos y diremos.
Al final, solo el tiempo tiene la última palabra.
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