El pasado 11 de julio, el gobierno del presidente Felipe Calderón, a través de Claude Heller, embajador de México en Japón, decidió firmar la Anti-Counterfeiting Trade Agreement (en castellano: Acuerdo para la lucha contra la falsificación de comercio o ACTA, por sus iniciales en inglés), que es un tratado comercial plurilateral de adhesión optativa, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Japón, en respuesta al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas con derechos de copyright, reproducidas ilegalmente en el mercado global. En años recientes, con gran secrecía algunos gobiernos han venido participando en las negociaciones de ACTA.
El presidente Calderón desafortunadamente no tomó en consideración las recomendaciones del Senado de la República, el cual, después de celebrar algunas sesiones públicas en las que participaron expertos y ciudadanos interesados en el tema, recomendó no firmar ACTA por considerarla contraria a algunas libertades individuales, así como a las inversiones y la innovación en Internet.
ACTA es una de las iniciativas de ley que al amparo de impedir la circulación en el mercado local, a través de Internet, de bienes falsificados y obras protegidas con derechos de copyright,establece preocupantes limitaciones al ejercicio de determinadas libertades individuales de las personas. Además de México han firmado ACTA los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, y Singapur. En días recientes la Unión Europea en bloque determinó rechazar ACTA por considerarla “ambigua” y contraria al pleno ejercicio de las libertades individuales.
Otras iniciativas de ley que persiguen similares propósitos son: la Combating Online Infrigement and Counterfeits Act (en castellano: Iniciativa para el combate contra la violación en línea y la falsificación, COICA, por las iniciales en inglés), la cual fue discutida en Estados Unidos en 2010, y finalmente no fue aprobada.
La Stop Online Piracy Act (SOPA, por sus siglas en inglés), proyecto de ley que el legislador republicano Lamar S. Smith presentó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 26 de octubre de 2011, y que comprende la posibilidad de extender una orden judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen los ingresos y ganancias del sitio infractor, y el bloqueo de los resultados que conducen al sitio a través de los motores de búsqueda, y por supuesto, reclusión a infractores.
La Protect IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act. (PIPA por sus iniciales en inglés), proyecto de ley introducido el 12 de mayo de 2011 por el senador demócrata Patrick Leahy y un grupo bipartito de 11 promotores. La referida iniciativa de ley ha sido considerada como una versión reeditada del proyectoCombating Online Infrigement and Counterfeits Act.
En respuesta a SOPA, el pasado 18 de enero, la edición en inglés de Wikipedia y más de 7,000 sitios web coordinaron la suspensión temporal de sus servicios informativos, y enlaces a páginas que explicaban las posibles consecuencias de iniciativas de ley como SOPA y PIPA. Además algunos legislatores opositores a la referida iniciativa de ley han propuesto un proyecto alternativo denominado OPEN (Online Protection and Enforcement of Digital Trade Act –en castellano: Acta de Protección en Línea y Refuerzo del Comercio Digital.
Las referidas iniciativas de ley definitivamente responden a los intereses de algunos de los principales sectores y empresas afectadas por el formidable desarrollo de la economía del conocimiento. Los promotores de ACTA justifican la iniciativa de ley argumentando que ésta responde a la necesidad de proteger la propiedad intelectual en Internet y combatir el tráfico de contenidos protegidos por derechos de autor y propiedad intelectual.
El peligro de las citadas iniciativas radica en la posibilidad de asfixiar a Internet en su totalidad. Ello solo conviene a los intereses particulares de algunas de las empresas emblemáticas de los mercados que precedieron a la Economía del Conocimiento, y que definitivamente no consiguieron transitar a ésta, Kodak, por ejemplo, que se declaró en quiebra el jueves 19 de enero, pero a este caso pueden sumarse otros, como Blockbuster, Borders y Tower Records que también se han acogido al capítulo 11 de protección de quiebra en los Estados Unidos.
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