Innovación Tecnológica:
motor del desarrollo
La innovación y el acceso
a la tecnología son dos elementos fundamentales para el desarrollo económico y
social de cualquier país en la actualidad. En el caso de México, estas dos
facetas son cruciales para avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo,
por lo que es necesario empujar estos temas en la agenda pública a nivel
nacional y estatal.
La innovación se refiere
a la creación y adopción de nuevas ideas, productos, servicios o procesos que
mejoran la eficiencia, la productividad y la calidad de vida de las personas,
es por ello que en un mundo cada vez más globalizado y competitivo, la
capacidad de innovar se ha convertido en un diferenciador clave para el
crecimiento económico sostenible.
México ha avanzado
significativamente en términos de innovación en los últimos años. Sin embargo,
todavía enfrenta desafíos importantes para consolidarse como una potencia
innovadora a nivel mundial.
La inversión en
investigación y desarrollo (I+D) en México sigue siendo relativamente baja en
comparación con otros países, lo cual es fundamental para impulsarla tanto en
el sector público como en el privado. De acuerdo con datos del Banco Mundial el
gasto en investigación y desarrollo en el país apenas alcanzó el 0.30% del PIB
en 2020.
La innovación también
está estrechamente relacionada con la educación y la capacitación. Es por ello
que el país necesita enfocar mayores esfuerzos en la formación de una fuerza
laboral altamente calificada y fomentar la colaboración entre empresas,
universidades e instituciones de investigación. Esto facilitará la
transferencia de conocimiento y la creación de soluciones innovadoras que
aborden los desafíos nacionales.
Un ejemplo de esta
sinergia es la firma del acuerdo nacional de colaboración que hace unos meses
celebraron la empresa tecnológica INTEL y el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP) para fortalecer la carrera de Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial (IA) mediante el diseño curricular, el desarrollo de
materiales didácticos y capacitación de personal docente en la materia.
Y es que tenemos que
considerar que el acceso a la tecnología se ha convertido en un derecho
fundamental en la sociedad moderna. La tecnología no solo facilita la
comunicación y la información, sino que también ofrece oportunidades económicas
y educativas.
Al respecto, hace algunos
días participé en el Foro Innovación y Desafíos en la Era Digital, organizado
por el Instituto Mexicano de la Transformación de la Vida Pública, en el que
expertos coincidieron en la importancia de que los gobiernos enfoquen sus
esfuerzos en la integración de tecnologías como motor de progreso para la
sociedad.
Precisamente, de acuerdo
con Naciones Unidas, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
son una importante fuente de generación de información y conocimiento,
constituyéndose en pilares fundamentales para el desarrollo económico y social.
Los constantes avances de estas tecnologías promueven innovaciones en todos los
ámbitos de la economía y la sociedad, facilitando la prestación de servicios
como educación, salud y gestión gubernamental.
Cabe destacar que en el
país el acceso a las TIC, incluida la banda ancha e Internet, es un derecho
fundamental consagrado desde 2013 en el artículo sexto constitucional. Este
derecho de acceso a Internet es universal -es decir aplica para todos, sin
discriminación- y progresivo, lo que significa que se requieren políticas
públicas que lo garanticen en el tiempo.
Lo cierto es que, a pesar
de los avances en infraestructura de telecomunicaciones en México, todavía
existen disparidades significativas en el acceso a Internet de alta velocidad y
dispositivos tecnológicos.
La Encuesta Nacional
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares
(ENDUTIH) 2022 reveló que en México había 93.1 millones de personas usuarias de
internet, lo que representó el 78.6 % de la población de 6 años o más.
Asimismo, en el país, la
media nacional respecto al número de hogares con internet es de 68.5 %. Puebla
se encuentra por debajo de este porcentaje con 58.1 %.
En este sentido es que no
puede escapar que para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la
tecnología es esencial para reducir las brechas socioeconómicas y promover la
inclusión digital.
Por ello es que desde las
políticas públicas se debe apostar al impulso e integración de las TIC en el
país, lo cual permeará en el combate a la pobreza, mejorar la calidad de la
educación, los servicios de salud, la entrega de servicios gubernamentales, las
actividades económicas y, en general, la vida cotidiana de las y los ciudadanos.
Pero, sobre todo, a la disminución de las desigualdades sociales que sigue
siendo uno de los temas más importantes y sensibles de nuestra nación.
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