PASOS FIRMES DE LA NUEVA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ha iniciado
su camino con decisiones firmes y de gran simbolismo para la vida pública del
país. Entre las primeras medidas destaca la reducción de cerca del cincuenta
por ciento en el sueldo de las y los nuevos ministros, pasando de 250 mil a 137
mil pesos mensuales.
Asimismo, se decretó la desaparición de los seguros de
gastos médicos mayores, poniendo fin al multimillonario sangrado al erario que
representaba este privilegio. Era un beneficio sin justificación lógica ni
jurídica, heredado de la otrora casta dorada del Poder Judicial.
La ceremonia de traspaso del bastón de mando en el Zócalo de
la Ciudad de México tuvo un profundo significado. Religiosos de diversas etnias
originarias comprometieron simbólicamente a las y los nuevos ministros a
impartir justicia en favor de quienes menos tienen y menos saben. Con cantos a
Tonantzin y ofrendas a Quetzalcóatl se retomó la esencia de nuestros antiguos
pueblos mesoamericanos.
Por otro lado, el Tribunal de Disciplina Judicial ya comenzó
a dar pasos importantes al ordenar la investigación del patrimonio personal de
todos los integrantes de la Judicatura Federal, tanto en activo como en retiro.
El objetivo es determinar si sus bienes corresponden a sus ingresos oficiales o
si hubo enriquecimiento ilícito.
Ejercicios como este, si se aplicaran en estados como
Puebla, implicarían investigaciones sobre más de la mitad de jueces y
magistrados, ante casos escandalosos como el de una magistrada en retiro con un
patrimonio de diez inmuebles en la región de Cholula —incluida una mansión
pagada en dólares y en efectivo en el exclusivo fraccionamiento La Vista
Country Club—, o el de magistrados retirados con más propiedades en Zacatlán
que cualquier empresario honesto de la región.
Tampoco se salvan consejeros, magistrados y jueces en
activo, algunos de ellos con un historial de ceses por malas prácticas en
juzgados de primera instancia, que fueron rescatados como secretarios de sala
gracias a padrinazgos políticos, para luego ser nuevamente propuestos como
jueces. Hoy, incluso, algunos de esos personajes ocupan asientos en la
Judicatura a pesar de su cuestionable pasado. Otros acumulan casas, edificios,
universidades y hasta bodegas en centrales de abasto, ejemplos claros de la
corrupción que ha lacerado a la justicia mexicana.
Sin embargo, lo verdaderamente trascendental es la
incorporación en la estructura de la nueva Suprema Corte de personas de origen
indígena y afrodescendiente, comunidades históricamente marginadas de la vida
pública nacional.
Por supuesto, los detractores neoliberales, a través de
columnistas y comentócratas pagados, han intentado denostar estas
transformaciones. Pero lo cierto es que con la toma de protesta de esta nueva
Corte se marca un hito en la historia de México.
Estamos convencidos de que las y los juzgadores que llegaron
a su cargo mediante el voto popular dejarán atrás las prácticas de los viejos
tribunales conservadores, donde la justicia se reservaba para quien pudiera
pagarla. Hoy se abre un halo de esperanza para todas las personas que han sido
víctimas del abuso del poder público.
¿Qué vendrá después?
Una etapa de consolidación de este nuevo modelo de
instituciones de impartición de justicia, que deberán servir a todas y todos
los mexicanos sin importar su origen étnico, situación económica o condición
social.
Solo así podrá hacerse realidad la máxima del prócer José
María Morelos y Pavón:
“Que quien se queje con justicia, tenga un tribunal que lo
escuche, lo ampare y lo protega contra el arbitrario”.
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